"Es un convenio colectivo que, además de la mejora retributiva que supone, abre un camino nuevo en Baleares, se convierte en punta de lanza de los derechos laborales del colectivo LGTBI en las islas y en un espejo en el que se deberán mirar otras empresas", considera Juan José Teso, responsable del sector servicio a la comunidad del sindicato UGT en Balears.
El sindicato y la empresa Prezero de gestión medioambiental en Formentera, que presta servicios de recogida de basuras y limpieza viaria, de playas y jardinería en la isla pitiusa, firmaron ayer el primer convenio colectivo de Balears con una perspectiva LGTB. Ese ideario se concreata, en el texto del acuerdo, en la voluntad de aplicar una gestión de la diversidad en el ámbito de los recursos humanos y la protección de la dignidad personal de la plantilla perteneciente a este colectivo, a un conjunto de medidas y recursos para alcanzar la igualdad real y, finalmente, a la aplicación de un protocolo de actuación para detectar los casos de discriminación, acoso o violencia contra las personas LGTBI.
Entiende el redactado del convenio colectivo que la gestión de la diversidad emana de los derechos recogidos en la Constitución y que hoy en día se ha convertido "en una de las principales prioridades en el ámbito de los recursos humanos y las relaciones laborales".
Para avanzar en la igualdad real en el ámbito de la compañía, las partes se comprometen a "velar por el cumplimiento de los derechos a la igualdad de trato y no discriminación por razón de orientación e identidad sexual, expresión de género o características sexuales de las personas trabajadoras LGTBI". Además, añade, se procurará la implantación de uniformes unisex y se ofrecerá a las personas trans permisos no retribuidos para que hagan su transición, siempre tras un acuerdo con la empresa. Estas medidas se implantarán durante la vigencia del convenio, que expira en 2024.
Detección y resolución de los casos de discriminación, acoso o violencia
Además, también se establecerá antes del año que viene un protocolo para la atención de los casos de acoso o la violencia contra las personas LGTBI, con obligación a las partes que intervengan de guardar la confidencialidad, presunción de inocencia para los denunciados, la obligación de resolver las denuncias sin dilaciones y la prohibición de represalias contra las víctimas y los denunciantes. Finalizada la investigación, el equipo gestor emitirá en el plazo de diez días un informe-resolución estableciendo las medidas correctoras o sancionadoras, teniendo en cuenta que si el caso salta a la vía judicial el procedimiento interno de la empresa se interrumpirá hasta la resolución de la causa en los juzgados.
El primer convenio con perspectiva LGTBI de Balears se ha escrito en lenguaje neutro.
