El magistrado-juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, Rubén Ortega, ha desestimado la solicitud de la interventora del Consell de Ibiza, Marian Tur, para que dicte una orden de alejamiento del presidente de la institución insular, Vicent Marí. El auto judicial justifica su negativa en que la causa se halla en una fase incipiente por un posible delito de coacciones o acoso laboral y todavía no se ha tomado ni siquiera declaración a la denunciante y al denunciado. Por ello, «no existen indicios suficientes que permitan tener por acreditados hechos constitutivos de delito alguno».

Además, el magistrado señala que «no existe dato alguno que permita inferir la existencia de riesgo para la denunciante que justifique la medida cautelar solicitada», al tiempo que indica que hay que tener en cuenta que los hechos que se investigan (las posibles coacciones hacia la funcionaria y la contratación por la vía de emergencia del spot de promoción turística 'La vida Islados') ocurrieron entre finales de 2019 y noviembre de 2020.

Tres años desde que ocurrieron los hechos que se investigan

Desde entonces, han transcurrido casi tres años, señala el auto, y «ninguna medida cautelar ha sido solicitada por parte de la denunciante». «Tampoco se ha producido ningún incidente durante ese periodo de tiempo que revele la necesidad de adoptar medidas restrictivas para el investigado», justifica el juez para denegar la orden de alejamiento. Contra este auto cabe recurso de reforma o apelación.

El abogado de la interventora, David Salvá, ya reconoció el pasado viernes en la entrada del edificio de los juzgados que iba a solicitar la orden de alejamiento para «proteger» a su defendida a pesar de que sabía de antemano, por «su experiencia de 30 años» como letrado, que el juez no la iba a conceder.

Ese día, la declaración de la interventora y del presidente fueron suspendidas por la huelga en la Administración de Justicia. Ahora está previsto que ambos declaren el lunes.

El Consell se queda fuera de la causa

Por otra parte, el juez también ha dictado una providencia en la que da por apartado de la causa al Consell de Ibiza. Lo ha hecho después de que el representante legal de la institución insular manifestase al juzgado el pasado mes de enero que ésta «no ha sufrido ningún perjuicio o daño patrimonial y, por tanto, no se considera perjudicado» por los hechos que se están investigando. Se basa en un informe del secretario de la Corporación que concluye que el expediente administrativo de la contratación de la producción y el rodaje de ‘La vida Islados’ por la vía de emergencia durante el estado de alarma por la pandemia del covid, «se justa plenamente a Derecho». También indica que la contratación está «justificada».