Los once acusados por el caso Multimedia serán juzgados finalmente en octubre de 2024. La vista previa del juicio, celebrada hoy en la Audiencia Provincial, ha terminado sin acuerdo entre las partes y el tribunal ha señalado la vista oral para el año que viene. En la causa de presunta corrupción están implicados ex altos cargos del PSIB por desviar fondos públicos, acusados de prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias, malversación y falsedad en documento oficial, mercantil y público. Entre ellos, el exsenador socialista Antoni Manchado, el exlíder socialista en Calvià Francisco Cano o el antiguo propietario de la productora audiovisual, Miquel Oliver. La Fiscalía reclama para ellos condenas de hasta 17 años de prisión.

Según el escrito de acusación del ministerio público, la Sociedad Multimedia de Balears fue creada en enero de 2006 con capital íntegro de la Comunidad y adscrita a la conselleria de Presidencia. Manchado y otro de los imputados fueron nombrados consejeros. Anticorrupción sostiene que entre febrero de 2008 y octubre de 2011 se concertaron una serie de contratos que iban en contra de los principios esenciales de la contratación, excluyendo a posibles competidores y beneficiando a amigos o personas cercanas a los dirigentes de Multimedia.

La Fiscalía relata que se presentaban facturas con datos falsos que permitían recibir pagos indebidos por trabajos que no representaban ninguna utilidad a la Administración, eran copias de informes anteriores o habían sido descargados de Internet. Anticorrupción apunta a más de una decena de contratos supuestamente fraudulentos.

El ministerio público reclama penas de entre 12 y 17 años de cárcel para los procesados y que indemnicen a la Comunidad Autónoma con 814.314 euros.

La investigación se inició en 2014 y será juzgada justo una década después.