Un total de 1.018 docentes, pertenecientes a la Comisión del X aniversario de la Asamblea de Docentes de la huelga indefinida —que se desarrolló entre septiembre de 2013 y febrero de 2016—, han firmado un manifiesto para pedir al Govern la aprobación de los estatutos del Colegio Profesional de Docentes de Balears.
Los profesores han reivindicado que el Ejecutivo balear (en concreto se lo han solicitado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, y a la consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad, Mercedes Garrido) dé este paso, tras cuatro años «de borradores rechazados», como «condición indispensable para que pueda empezar a funcionar».
En un comunicado de la Asamblea, la agrupación ha defendido que el Colegio Profesional de Docentes de Balears sería una corporación de derecho público, de carácter profesional, dotada con personalidad jurídica propia y con plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines».
Esta organización sería de «adscripción voluntaria» y se configuraría como una «instancia colaboradora» del Govern y la administración de Balears para «la satisfacción de los intereses generales vinculados al ejercicio de la profesión de docente», ha señalado.
