En el ámbito de la contratación pública la transparencia y la objetividad mandan, algo lógico y deseable aunque a veces complique la vida de las instituciones para poder descartar a candidatos con perfiles moralmente cuestionables o no acordes con los valores de la institución. Con su nueva normativa de contratación, la Universitat ha decidido blindarse legalmente para poder vetar a los aspirantes a una plaza de profesor ayudante doctor o de asociado que considere «poco íntegros» y que muestren actitudes y creencias (machistas, violentas, corruptas...) que choquen contra las normas de convivencia y los valores de la UIB.
Así, por primera vez, la nueva norma aprobada este mes por el Consell de Govern incluye un punto que señala que se valorará «si la actitud y los valores de los candidatos responden a los parámetros académicos y científicos que requiere la UIB, si se adaptan a los valores democráticos de respeto y fomento de la igualdad, la democracia y la transparencia, y si la actitud y los valores de los candidatos entran o pueden entrar en conflicto con las normas de convivencia de la Universitat».
Este apartado es uno de los cuatro que conforman la parte de ‘valoración cualitativa’ introducida por la UIB en el proceso de contratación. Este punto en concreto otorga hasta cinco puntos aunque el vicerrector de Personal Docente e Investigador, Antoni Bordoy , explica que si el aspirante no logra ese máximo queda excluido directamente del proceso, con lo que en la práctica este punto supone una vía para que la UIB descarte a los aspirantes cuyos valores y actitudes no considere adecuados.
Este punto podría servir por ejemplo para excluir de los procesos selectivos a candidatos como el profesor asociado del departamento de Matemáticas e Informática que en 2021 fue apartado de la docencia de la UIB por denuncias de acoso sexual por parte de alumnas. Desde entonces el docente se ha vuelto a presentar para trabajar allí en hasta doce procesos selectivos más, la Universitat le ha descartado y él ha recurrido a los tribunales y ha denunciado al rector, Jaume Carot, por prevaricación entre otras cosas.
¿Cómo se evaluará este aspecto, el de la integridad, que forma parta de la valoración cualitativa del candidato? Esta parte evaluativa del proceso incluye una entrevista (pública y con registro por escrito) en la que la comisión de contratación ya puede detectar determinadas actitudes y declaraciones contrarias a los valores y normas de convivencia de la UIB.
Asimismo, se pedirá a los aspirantes una declaración jurada en la que deberán garantizar que en un plazo determinado de años «no han sido condenados por determinadas cosas». Bordoy señala como «puntos básicos» el respecto a los valores democráticos, la igualdad y la transparencia: no haber cometido delitos de prevaricación; no haber tenido problemas con minorías; no tener denuncias por violencia de género o acoso...
El vicerrector asegura que a nivel jurídico tienen este punto muy estudiado y atado «al máximo» y argumenta que en definitiva su aplicación responde a «una cuestión de voluntad y coherencia» y de «una política determinada» del equipo rectoral. Bordoy defiende que el profesor universitario ha de ser «una persona íntegra» y dar «ejemplo ético» ya que además de conocimientos y habilidades, ha de educar y transmitir «valores y actitudes».
