El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Parlament, con el apoyo de PP, Cs, El Pi, Més per Mallorca y Més per Menorca, contra los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2021 por no recoger el factor de insularidad.
La derecha y los socios del PSOE impulsaron la denuncia contra Madrid ante el Tribunal Constitucional, en total 30 diputados del Parlament, contra el incumplimiento del Régimen Especial de Balears (REB) en 2021.
El recurso reclamaba la inconstitucionalidad de las cuentas estatales para aquel año argumentando que se vulneraban los artículos 2 y 138 de la Constitución generando un «desequilibrio económico» entre Balears y el resto de España por la insularidad.
El TC considera que el REB «no vive aisladamente» sino que está integrado en un sistema general en el que el Estado, por exigencias del principio de solidaridad, tiene que velar por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español.
Este equilibrio, considera el Constitucional, tiene que ponderar en cada momento, el hecho insular, pero también los datos relativos a las demás partes del territorio español. «El equilibrio entre las diversas partes del territorio español exige una contemplación de las circunstancias no sólo de Balears, sino del resto de España», dice la sentencia.
En cuanto al factor de insularidad, el TC dice que el Real Decreto 4/2019 determina que la dotación inicial para el primer ejercicio se fijará a partir de la metodología acordada en la Comisión Mixta de Economía y Hacienda, aunque matiza que, en aquel momento, no se determinaba cuál era el primer ejercicio en el que tenía que dotarse el mencionado factor de insularidad, sino que lo condicionaba a la metodología que debía determinar la Comisión.
La sentencia añade en este punto que cuando se aprobaron los PGE impugnados, no existía todavía acuerdo para la metodología. De hecho, continua, pocos meses después de la interposición del recurso, en septiembre de 2021, se alcanzó el acuerdo en el seno de esta Comisión Mixta respecto a la cuantía del factor de insularidad que sí incluyeron los presupuestos de 2022.
El pleno del Parlament aprobó la presentación del recurso el 2 de marzo de 2021, que interpuso semanas después, principalmente por no incluir el factor de insularidad.
La Cámara acordó presentar el recurso con los votos a favor de la oposición, además de Més per Menorca y Més per Mallorca —partidos que apoyan al Govern—, y en contra de Gent per Formentera, Unidas Podemos, Vox y el PSIB.
En el escrito, el Parlament apelaba a una «discriminación estructural» por parte del Estado hacia Balears, recordando que se encuentra a la cola de la inversión estatal no solamente en algunos ejercicios, sino de forma general.
El recurso argumentaba que al no existir mecanismos de ajuste que garanticen este impacto, se cae en «un incumplimiento flagrante de los principios básicos del ordenamiento constitucional».
En detalle, el recurso se centraba en una «omisión legislativa»: el hecho de que los PGE no incluyeran una dotación del factor de insularidad, mecanismo previsto en el Real Decreto que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez para el REB para compensar la insularidad.
