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SANIDAD

La prohibición de fumar en las terrazas, en manos de los ayuntamientos

Expertos lamentan que la guerra al tabaco haya perdido fuelle al no aprobarse en esta legislatura una ley de adicciones que ya tenía borrador

Una imagen cada vez más habitual, personas fumando en terrazas sin levantarse ni alejarse. Pere Joan Oliver

Pese a que recientemente el Tribunal Supremo acaba de dar la razón a la Administración balear al imponer durante la pandemia de covid-19 la prohibición de fumar en las terrazas al aire libre para no convertir a las personas sentadas en las mesa aledañas en fumadores pasivos, esta medida tiene los días contados, en opinión de los expertos en normativas antitabaco consultados.

Basta darse un paseo por las terrazas que ya proliferan por las calles para comprobar que hay muchas personas que incumplen la prohibición de fumar mientras se permanece sentado en ellas y no se levantan y se alejan unos metros para hacerlo.

Preguntada la conselleria de Salud sobre si era consciente de estos incumplimientos de una medida aún en vigor y si estaba imponiendo sanciones por ellos, recordaron que la labor sancionadora por la no observancia de medidas adoptadas para evitar contagios por la covid-19 era competencia de otra Conselleria, la de Presidencia, Función Pública e Igualdad.

Trasladada la pregunta a esta última, informaron que desde la mitigación de la pandemia habían trasladado la potestad sancionadora a los diferentes ayuntamientos.

El departamento de Mercedes Garrido ni siquiera pudo precisar cuántas sanciones había incoado por esta causa -fumar en las terrazas-, ya que, alegaron, no registraban las actas sancionadoras por temáticas, sino por la gravedad de las infracciones cometidas. Tampoco aclararon qué calificación tenía el hecho de exhalar humo en una terraza perjudicando a los clientes más cercanos.

Así que, en definitiva, no solo se puede intuir que esta medida de Salud Pública adoptada por la conselleria de Salud durante la pandemia tendría los días contados al haber declarado la OMS recientemente el fin del estado emergencia internacional por la covid-19, sino que el control y la vigilancia para su cumplimiento mientras continúe en vigor estaría ahora en manos de unas corporaciones locales sin recursos humanos y materiales para llevar a cabo esta tarea.

Tal y como publicó recientemente este diario, el Supremo rechazó un recurso planteado por un ciudadano de Mallorca que consideraba que la prohibición de fumar en estos espacios al aire libre era del todo desproporcionada y, además, afectaba a derechos fundamentales de los consumidores de tabaco.

Esta prohibición, acordada por razones sanitarias para intentar minimizar los contagios por coronavirus, ya fue ratificada anteriormente por el Tribunal Superior de Justicia de Balears.

Los jueces interpretaron que esta medida, aprobada por el Govern en el mes de febrero de 2022, no ocasionaba ninguna discriminación entre los ciudadanos. La norma prohibía el consumo de tabaco en la vía pública o en espacios al aire libre de uso público cuando no se pudiera asegurar el mantenimiento de una distancia mínima de dos metros con otras personas, así como cuando se estuviera en movimiento.

Sin nueva ley antitabaco

Expertos en legislación antitabaco consultados lamentaron que la lucha contra esta nociva adicción esté perdiendo fuelle en este país, un país que recordaron que fue pionero en la adopción de estas medidas pero que, lamentablemente, en los últimos años se ha quedado atrás frente a sus vecinos europeos.

Así, las citadas fuentes recordaron que la nueva ley antitabaco estatal que contemplaba, entre otras medidas, extender la prohibición de fumar en las terrazas de bares y restaurantes a todo el país y vetarlo igualmente en los estadios de fútbol y otros recintos deportivos al aire libre, playas y vehículos particulares en los que viajen menores, ha sufrido constantes retrasos en su tramitación durante esta legislatura.

Unos retrasos que insinuaron que podían estar debidos a la procedencia canaria de la última ministra de Sanidad, Carolina Darias, una comunidad con fuertes intereses en la industria tabacalera de este país. Ya en el ámbito autonómico, las citadas fuentes también lamentaron que el Govern haya dejado pasar esta legislatura sin aprobar una ley de adicciones más amplia que incluso ya contaba con un borrador al inicio de la misma y que contemplaba una serie de medidas no solo contra el consumo de tabaco en espacios públicos, si no también contra el vapeo o la ingesta de alcohol.

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