El vertido de aguas sin depurar es un problema histórico que viene sufriendo la ciudad de Palma desde hace años. Y este problema se debe a que las instalaciones de la depuradora de la ciudad son muy antiguas y no tienen la capacidad para asumir todo el volumen del agua. Este problema se agrava los días que llueve, aunque sea una tormenta leve. Sin embargo, en el año 2018 el Ministerio de Medio Ambiente, presidido por el Partido Popular, rechazó un proyecto que presentó Emaya para construir una nueva depuradora en la ciudad de Palma. Se rechazó por cuestiones técnicas y económicas.

El tribunal de la Audiencia, en contra del criterio que ha mantenido la fiscalía, rechaza que desde Emaya, a pesar de su falta de competencias, no haya intentado buscar una solución al problema. Una solución que pasa únicamente por construir unas nuevas instalaciones que permitan modernizar, y adecuar, la depuradora a las necesidades de la ciudad. Estos mismos jueces son los que han decidido archivar definitivamente la causa penal que impulsó en persona el fiscal superior, Bartomeu Barceló, con la que se pretendía enviar a prisión, por un delito medio ambiental, a la expresidenta de Emaya, Neus Truyol, a la exgerente, Inma Mayol, y a tres técnicos de la empresa municipal, Jaume Femenías, Manuel Fernández y José Pieras. Esta resolución de archivo de la Audiencia se ha adoptado cuando el juicio por este caso ya estaba señalado.

Entre otros muchos datos que indica la resolución de la Audiencia, uno de ellos es especialmente significativo para demostrar las iniciativas que se han realizado para buscar una solución. Así, ya en el año 2015, desde Emaya “se iniciaron los trámites para su remodelación (la depuradora) con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, publicándose en el Boletín Oficial de la Unión Europea la información previa de la convocatoria de concurso para las obras y servicios siguientes que afectan a la mejora del sistema de saneamiento de la ciudad de Palma, sin que conste que el proceder de Emaya haya paralizado el proyecto”, señalan los jueces.

En ese momento el partido del Gobierno era el PP, mientras que en Palma el Ayuntamiento estaba gobernado por el Pacte de Progrés. En octubre del año 2015 desde Emaya se envió al Ministerio de Medio Ambiente un proyecto para reformar la depuradora de Palma. Sin embargo este proyecto fue rechazado por este Ministerio nacional “por cuestiones técnicas y económicas”, según resalta la resolución de la Audiencia. E incluso días antes de enviar este proyecto, la entonces gerente de la empresa municipal, Inma Mayol, envió al mismo Ministerio un documento, en el que expresaba la “urgente necesidad de que Palma cuente con una nueva depuradora”.

También la resolución de la Audiencia resalta un detalle que demuestra que no es cierto la falta de iniciativa de Emaya para resolver el problema de los vertidos, como ha insistido la fiscalía para justificar su propuesta de que las antiguas gestoras de Emaya terminaran en prisión. En el mes de julio del año 2020 la Unidad Técnica de la Fiscalía General del Estado, de la que en teoría depende la fiscalía de Baleares, realizó un informe en el que se recogen que “en diferentes ocasiones desde Emaya se puso en conocimiento de las autoridades competentes la situación del sistema de saneamiento, se llevó un registro de los vertidos del que se daba cuenta a las autoridades competentes, se presentó el plan de acción a las administraciones y se solicitó en múltiples ocasiones la necesidad de inversión”.

Otro de los reproches que realiza el tribunal a la fiscalía es que sostenga que hasta el año 2019 no se iniciara “una intensa actividad a la hora de solventar la problemática de los vertidos”. Y señaló que la nueva dirección de la empresa municipal “está ejecutando importantes obras para la renovación de las redes de saneamiento, la construcción de un tanque de laminación, así como los trámites eficaces de financiación de la nueva depuradora”. Ante esta afirmación de la fiscalía, el tribunal cuestiona que no haya concretado en qué ha consistido esta actividad, cuando la realidad es que las obras que se están haciendo responden a proyectos realizadas en el año 2018, cuando Neus Truyol presidía la empresa municipal.

Lo que ha quedado muy claro para el tribunal es que la institución que tiene capacidad económica para terminar de una vez por todas con el desastre ambiental que ocasionan los vertidos es el Estado, ya que Emaya no dispone, ni lo dispondrá jamás, del dinero suficiente para financiar una obra tan importante como es construir una nueva depuradora.