Después de casi cinco años de investigación, con la amenaza de ser condenada a cuatro años de prisión, tal como pretendía taba la fiscalía, finalmente la Audiencia de Palma ha concluido que Neus Truyol, la política de Més y expresidenta de la empresa Emaya, no es la responsable de los vertidos de aguas contaminadas que se producen en la bahía de Palma.
Cuando ya incluso se había fijado fecha para el juicio, el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Palma ha concluido ahora que no hubo delito en la actuación de los antiguos responsables de esta empresa municipal de Palma. Inma Mayol, ni los trabajadores de la empresa municipal responsables de la gestión de aguas, Manuel Fernández, Jaume Femenías y José Pieras, no han cometido ningún tipo de delito medio ambiental, como llegaron sosteniendo la fiscalía , que pretendía que estas cinco personas terminaran en prisión. Y es que el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia tiene claro que la solución a los vertidos no depende de la empresa Emaya, dada la envergadura del proyecto para modernizar las infraestructuras que evitarían estos vertidos, que se producen en los días de lluvia.
“No se ha acreditado que la empresa Emaya evitar los vertidos a la bahía de Palma” , señala la resolución, que insiste en que “tampoco consta que desde la empresa haya existido una total omisión de iniciativa o actuaciones para que las administraciones competentes autoricen, financien, aprueben o ejecuten los proyectos” de mejoras de la depuradora de Palma y de sus instalaciones complementarias.
Las resoluciones del tribunal, dictadas por distintos magistrados, son muy críticas con la posición que ha mantenido la fiscalía de Baleares sobre el tema de los vertidos de aguas no depuradas a la bahía de Palma. La depuradora de Palma es muy antigua y los días que llueve con intensidad no tiene la capacidad de asumir todo el agua. Para que no colapse el sistema, Emaya no tiene otra alternativa que permita que las aguas no depuradas sean arrojadas al mar.
La acusación que pretendía sostener la fiscalía es que, ni Neus Truyol, ni Inma Mayol, desde sus cargos de responsabilidad en Emaya en la anterior legislatura, realizaron las “infraestructuras necesarias para actualizar el sistema de saneamiento de Palma”, lo que habría impedido que las aguas contaminadas podrían llegar a la bahía de palma.
Esta falta de iniciativa política para intentar resolver este grave problema de contaminación ambiental queda desmontado en la resolución que ha dictado la Audiencia. El tribunal recuerda todas las iniciativas para mejorar las instalaciones, pero los jueces recuerdan, sobre todo a la fiscalía, que la solución al problema está lejos de las competencias de la empresa municipal . “Emaya no tenía capacidad, presupuesto, ni competencias para la construcción de una nueva depuradora, ya que sería competencia exclusiva del Estado”, señala el auto judicial. “Los proyectos relacionados con la construcción, o mejora, de una nueva depuradora los realiza el Estado y no el Ayuntamiento, o la comunidad autónoma o Emaya, sin que se observe que la empresa tenga alguna capacidad sobre la materia”. Y es que la construcción de una nueva depuradora tendríun coste cercano a los 300 millones de euros, un presupuesto que no puede absorber Emaya, ni tampoco el propio Ayuntamiento de Palma. Se necesitaría el apoyo económico del Estado para asumir este costo.
Canon de agua
También reprochaba la fiscalía a las responsables políticas, para justificar esta elevada petición de prisión, de que deberían utilizar el dinero que se ingresa, mediante la factura que tramita Emaya, del canon del agua para realizar obras de mejora de la depuradora y del emisario . Sin embargo, los jueces también desmontan esta acusación, porque el dinero del canon del agua no lo administra Emaya, sino que es un tributo que corresponde a la comunidad autónoma, que es quién decide en qué se invierte. Emaya se limita a cobrarlo, pero lo recaudado lo entrega a la comunidad autónoma.
También resalta la resolución judicial las iniciativas políticas que encabezaron las antiguas responsables de Emaya para lograr esta financiación externa para mejorar las infraestructuras. Iniciativas que permitieron, no construir una nueva depuradora, como sería lo necesario, sino realizar algunas mejoras para paliar el problema que supone los vertidos. “No existió inactividad del Ayuntamiento”, tal como sostenía el fiscal, sino todo lo contrario. Emaya ya apareció en el año 2016 un proyecto para cambiar el colector y mejorar la estación de bombeo o depósito de aguas sin depurar. Y un año más tarde, la empresa municipal estableció un acuerdo con el Govern, para financiar de los fondos del canon de agua estas mejoras de las infraestructuras de tratamiento del agua, invirtiendo para tal fin más de 28 millones de ellos. Un proyecto de mejora que, según incide el tribunal, no depende exclusivamente de Emaya, sino que también precisa la intervención de otras administraciones. Y aunque es una realidad que parece muy clara, la fiscalía ha venido acusado exclusivamente a los antiguos gestores de la empresa municipal, con la intención de que terminaran en prisión por ser los máximos responsables de la contaminación de la bahía debido a estos vertidos que se producen los días de intensas lluvias.
Esta resolución de la Audiencia, que no se puede recurrir, permite a Neus Truyol afrontar la campaña electoral en representación de Més sin el peso que representa estar imputada y con una petición de cuatro años de cárcel, una situación que sus rivales políticos han aprovechado para atacarla.
