El Congreso de los Diputados aprobó ayer la primera ley de vivienda estatal de la democracia después de tres años de arduas negociaciones. La nueva norma permitirá que Baleares pueda declarar zonas tensionadas, limitar los precios del alquiler y rebajar a cinco los inmuebles para ser gran tenedor, aunque una de las medidas que puede ser más determinante es la introducción de incentivos fiscales para que los propietarios pongan en el mercado sus viviendas vacías. Lee aquí el texto íntegro de la nueva ley.
Los propietarios que más se podrán beneficiar económicamente de estos incentivos serán aquellos con menos de cinco propiedades en áreas tensionadas. Estos tendrán que congelar los precios o bajarlos a cambio de exenciones fiscales. En concreto, cuando el precio se reduzca en más de un 5%, su IRPF se reducirá entre un 50 y un 90 por ciento. Si la vivienda se alquila a jóvenes de 18 a 35 años, la deducción alcanza hasta el 70%, y si se han realizado obras de restauración en el inmueble en los dos años anteriores será del 60 por ciento.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, celebró ayer la aprobación porque se trata de «una gran reivindicación de esta Comunidad Autónoma y de mi Govern en particular» y ensalzó que por primera vez un Ejecutivo español legisla para que la vivienda «deje de ser un bien de especulación y sea un derecho de la ciudadanía».
En este sentido, apuntó una clave que puede tener un impacto decisivo en Baleares: que los pequeños propietarios dejen de ofertar sus viviendas como alquiler vacacional para que puedan arrendarlo como larga estancia «para que puedan alquilar su casa de manera asequible». Por ello, la socialista recuerda que su intención, en caso de volver a gobernar, es «redoblar» los incentivos para que sea aún más atractivo para los propietarios.
Esto sería un cambio importante porque, si logran convencer a los dueños de inmuebles, supondría un aumento considerable de viviendas para los ciudadanos. Un dato importante: Baleares tiene, según los últimos datos públicos, unas 70.000 viviendas vacías.
Alquileres y zonas tensionadas
Para evitar aumentos descontrolados en el precio del alquiler, durante el 2023 se aplicará el limite del 2 por ciento establecido ya por el Gobierno, mientras que en 2024 será del 3%. En 2025 se creará un nuevo índice en estos términos, más estable e inferior a la evolución del IPC, que tope los aumentos de la renta por la renovación anual.
Las comunidades autónomas también podrán rebajar la consideración para ser considerado gran tenedor de 10 a 5 inmuebles tanto a personas físicas como jurídicas. Esto permitirá al Govern limitar los alquileres en las zonas tensionadas. Además, las rentas de los nuevos contratos que se firmen en estas zonas estarán limitadas a un índice de referencia que deberá establecer el propio Ministerio de Transportes. Esto significa que Baleares primero debería pedir la declaración de zona tensionada y, posteriormente, aplicar la limitación indicada en la norma.
Para ser declarada zona tensionada se tiene que dar al menos una de estas dos condiciones: que más del 30 por ciento de la renta media de esa zona se esté destinando al pago del alquiler o si ha habido un incremento durante los últimos cinco años tres puntos por encima del IPC.
Desahucios
Con esta nueva ley los desahucios deberán tener fecha y hora predeterminadas. Existirán nuevas prorrogas en los procesos de alzamiento y se habilitarán procesos de negociación para familias vulnerables. Las comunidades autónomas podrán desvincular esta negociación para evitar desahucios y, además, tendrán la posibilidad de destinar recursos del programa estatal de vivienda para ofrecer alternativas habitacionales.
La coordinadora autonómica de Podemos y candidata a la presidencia, Antònia Jover, votó ayer a favor de la ley que «se convertirá en una ley esencial» para las islas, aunque destacó que para solucionar el problema de la vivienda para los residentes "también necesitamos limitar la compra de viviendas a no residentes". El Pi, en cambio, asegura que es "una invasión competencial en toda regla" y cargan contra la norma porque "topar los precios provoca que haya falta de viviendas en el mercado de alquiler".
