Un centenar de abogados del turno de oficio se concentraron ayer a mediodía a las puertas de los juzgados de Vía Alemania, en Palma, para exigir al Gobierno diversas mejoras en sus condiciones laborales. Los letrados reclaman un incremento de las retribuciones que perciben por la asistencia jurídica que prestan, que según denuncian tardan varios meses en recibir. También piden que se garantice su derecho a la conciliación familiar y a la desconexión digital.
Los abogados de Balears se sumaron así a la protesta convocada a nivel nacional, que abre un nuevo frente para el ministerio de Justicia tras las huelgas convocadas en los últimos meses por Letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, jueces y fiscales.
En un manifiesto leído durante la concentración, la presidenta de la asociación de Abogados del Turno de Oficio de las Illes Balears (ATOIB), Cati Vanrell, explicó que en las islas hay unos 700 letrados inscritos en el turno de oficio. Vanrell señaló que las retribuciones que reciben son «distintas» en las diferentes comunidades autónomas, pero en todo caso, «bajas». Así, reclamó la equiparación de los pagos que reciben por sus servicios y unas «retribuciones adecuadas». «¿Por qué tenemos que regalar nuestro trabajo? Nuestro oficio es vocacional, pero no un voluntariado. Tardamos meses y meses en cobrar y estamos sufriendo. Somos un colectivo estrangulado por el sistema», denunció.
Suspensión de vistas
El colectivo reclamó también en la protesta, en la que participó el decano del Colegio de Abogados de Balears (ICAIB), Martín Aleñar, que se reconozca a los letrados la condición de autoridad en el desempeño de sus funciones, la inclusión de las personas jurídicas como beneficiarias de la asistencia jurídica gratuita, el derecho a la conciliación familiar y la desconexión digital y a renunciar a una designación en caso de amenazas o coacciones. La presidenta de la ATOIB denunció que les deniegan suspensiones de vistas «en situaciones tan graves como la muerte de un familiar».
Vanrell proclamó que la «precariedad» que sufre el colectivo de abogados de oficio «va en detrimento de los valores de nuestra democracia». «Si la administración nos ayuda a nosotros, estará ayudando a los ciudadanos», sentenció.
