La movilización de las 50.000 viviendas de la Sareb se presentó como un gran anuncio, aunque la distribución territorial evidenció que el Gobierno deja a Baleares a la cola estatal al ceder solo 120 pisos. Por este motivo la presidenta del Govern, Francina Armengol, rebajó ayer la euforia ante la noticia y se mostró recelosa con el plan aprobado por Pedro Sánchez. La socialista no garantizó que el Ejecutivo autonómico vaya a comprar los 120 inmuebles porque primero quiere sentarse con la Sareb para « analizar las viviendas para saber en qué condiciones se encuentran y ver si pueden pasar a ser viviendas sociales».
Defiende que deben ser «muy rigurosos» cuando se habla de dinero público y asegura que «haremos lo posible para conseguir las máximas viviendas posibles». Todo ello con la incertidumbre esperable ante unas casas que, en la mayoría de los casos, necesitan una reforma importante: «En el primer convenio tuvimos algunas viviendas que no pudimos asumir porque las condiciones no eran las adecuadas para vivir con calidad».
La presidenta puso como ejemplo que desde el 2015 han trabajado «intensamente» en un primer convenio con el ‘banco malo’ para conseguir 44 viviendas, de las cuales han adquirido 19 y están en negociaciones por otras diez situadas en otra zona de Palma.
La obligación de pagar por estas viviendas suscitó el rechazo frontal de la candidata de Unidas Podemos a la presidencia del Govern, Antònia Jover: «Exigimos la cesión gratuita y perpetua de todos los inmuebles que la Sareb tiene en Balears. Consideramos inaceptable que la ciudadanía tenga que pagar de su bolsillo los inmuebles del ‘banco malo’ cuando el Gobierno estatal compró más del 50% de sus acciones, lo que supuso asumir la deuda que tenía».
Jover insiste en que si la deuda es de todos, las viviendas también deben serlo: «Lo que no puede ser es que los principales avances en materia de vivienda se aprueben cuando se acercan las elecciones. Eso dice mucho de cuáles son las prioridades para algunos partidos y cuáles son las intenciones a la hora de persuadir a la ciudadanía para que les de su voto. La vivienda es uno de los principales problemas de Baleares y de España. No podemos permitir que se avance una vez cada cuatro años».
El portavoz de campaña del PP, Sebastià Sagreras, lamentó que tanto Sánchez como Armengol «se hayan vuelto a reír de todos los ciudadanos con su anuncio electoralista» ya que estos pisos «están destrozados, con grandes desperfectos, son inhabitables y están okupados».
Hay que recordar que en 2015 el Ibavi, bajo el paraguas de la conselleria de Vivienda, firmó un convenio de colaboración con la Sareb, de la que el Estado ya tiene el control accionarial, por la gestión de 44 viviendas. «19 las compró el Govern en 2021 por el derecho de tanteo y retracto. 13 están ocupadas ilegalmente y ya lo estaban en el momento de la firma. De las 12 que quedan del convenio, ocho están alquiladas y otras cuatro, vacías», explicó el pasado mes de octubre a este periódico la directora general de Vivienda Cris Ballester. «De las 19 que ya son propiedad pública, 15 están adjudicadas, dos en convenio con Asuntos Sociales y otras dos en trámite de adjudicar».
Ballester explicó también que en esos momentos se estaba negociando con la Sareb permutar un solar que tienen a medias en la Avenida México número 42 y que tiene uso hotelero. «La Sareb ya tiene comprador para su parte. Nosotros trataríamos de hacer una permuta con ellos a cambio de sus inmuebles».
Zonas tensionadas
Por otra parte, cabe señalar que casi el 95% (94,7) de los hogares baleares residen en áreas tensionadas de precios, según la nueva definición que hace de las mismas la futura ley de vivienda. Así, es la provincia que más viviendas tiene en zonas de este tipo. Muy cerca se sitúa la provincia de Málaga, con un porcentaje del 94,4%. Y le sigue Madrid, con un 89,94%. Estas son áreas potencialmente tensionadas ya que hay que señalar que este procedimiento y su declaración dependerá directamente de las comunidades autónomas. En las últimas comparecencias, la presidenta Francina Armengol ha empezado a hablar de zonas tensionadas en Baleares en plural y no de única zona tensionada, por lo que todavía parece no estar definido.
Los datos anteriormente aportados son de la consultora especializada Atlas Real Estate Analytics y están recién actualizados. Su programa de análisis también arroja datos por códigos postales. De los 159 que tiene Baleares, un total de 136 (el 85,53% de toda la superficie) serían zonas tensionadas si se cumple alguno de los dos requisitos que exige la norma: que los alquileres se hayan encarecido tres puntos por encima de la inflación en los últimos cinco años o que supongan más del 30% de los ingresos de los inquilinos. En Málaga, la declaración de zona tensionada alcanzaría el 62,2% del territorio.
Si los cálculos se realizan código a código, puede afirmarse que en Palma únicamente el barrio de Es Pil·larí y Ses Cadenes de s’Arenal no serían zonas tensionadas porque la tasa de esfuerzo de la población que reside en dicho distrito no supera el 30%.
También hay zonas de otros municipios de las islas que quedarían fuera de las áreas tensionadas. En el caso de Mallorca, son extensiones que estarían poco urbanizadas y más despobladas, como Estellencs, un código postal de Ariany, Biniaraix, Ruberts, Biniamar, Es Capdellà y una zona interior de Calvià. También quedarían exentos de estar en zona tensionada s’Arracó y Sant Elm, en Andratx.
Un código postal de Formentera es el que presenta mayor tasa de esfuerzo en Baleares por parte de sus habitantes para pagar el alquiler.
