El TSJB ha vuelto a pronunciarse sobre las polémicas oposiciones convocadas por la conselleria de Sanitat para otorgar plazas fijas en la administración sanitaria en la especialidad de anestesista. Una convocatoria en la que se presentó y aprobó la hija del que en ese momento era director general del IB-Salut, Juli Fuster, que tuvo que dimitir de su cargo al intervenir en el proceso público.
Esta vez los jueces se han pronunciado sobre las irregularidades que denunció uno de los médicos que se presentó a esta plaza pública y que no logró aprobar la prueba. Por tanto, se quedó sin plaza.
Este opositor denunció graves fallos en la redacción de las preguntas del examen, que se trataba de resolver un caso práctico, y también se cometieron errores en la puntuación de la prueba. Al igual que ya había realizado otro de los médicos que se presentó a la prueba, este opositor pidió la nulidad del proceso debido a la intervención de Juli Fuster, al entender que debió apartarse de este proceso público, al tener intereses personales con la presencia de su hija y de su yerno entre los opositores.
El TSJB reitera lo que ya señaló en la primera demanda. Los jueces señalan que Fuster debió apartarse de este proceso, por la incompatibilidad que tenía por sus intereses personales y debió recurrir a la causa legal de abstención. Fuster no intervino directamente en la prueba, ni tampoco formaba parte del tribunal. Sin embargo, en su condición de director general resolvió un recurso, presentado ante la propia administración, en el que un opositor exigía la nulidad de todo el proceso. Este pronunciamiento judicial fue el detonante que llevó al alto cargo a presentar su dimisión como director general. Fuster reconoció que había cometido un error y que dimitía para no perjudicar al tribunal que había valorado la prueba.
Los magistrados han analizado la redacción de las preguntas planteadas a los opositores, concluyendo que el anunciado era «poco preciso». Ello supuso que el tribunal también fallara a la hora de puntuar la prueba de este aspirante que, gracias a esta demanda, ha conseguido una puntuación mucho más alta de su examen, que le da acceso a una plaza fija. Esta valoración se refería al caso práctico de sedación de una mujer embarazada. El tribunal de la oposición interpretó que el opositor había cometido un error en la dosis fija en la pauta de anestesia que debía proporcionar a la mujer embarazada. También se cuestionó que el médico no valoró con corrección la situación de la gestante.
Otro criterio
Para contrarrestar esta valoración el opositor presentó un informe técnico, realizado por dos médicos especialistas, que consideraron que su actuación en esta prueba práctica era correcta, a tenor de las indicaciones que señalaba el examen.
El tribunal ha analizado en profundidad las preguntas y llega a la conclusión de que el anunciado del anunciado no era correcto. Ello ocasionó «una discriminación injustificada en los aspirantes». Y como consecuencia de ello, los magistrados interpretan que la prueba debe anularse porque vulneró el principio a la igualdad en el acceso a la función pública, que está consagrado en la Constitución.
