El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, ha pedido hoy al Gobierno que rectifique el reglamento con el que autoriza el alquiler de barcos privados durante tres meses al año, como si fueran embarcaciones dedicadas al chárter náutico y matriculadas en la lista sexta.
Mir, ha calificado la nueva norma aprobada por el Consejo de Ministros y publicada en el Boletín Oficial del Estado el 22 de marzo (consúltala aquí), de "nefasta iniciativa". Y ha añadido que es "una muestra más del desconocimiento y la falta de sensibilidad del Ejecutivo sobre la realidad de Baleares y la conservación de su medio ambiente".
La nueva norma del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana permite a las embarcaciones el cambio temporal del uso privado al comercial a partir del 1 de julio de 2024, permitiéndo además los dueños de estas embarcaciones, matriculadas en España o fuera de ella, solicitar prórrogas de estas mismas autorizaciones temporales durante cinco años. "Dejemos de mercantilizar el mar y el medio natural", ha solicitado Miquel Mir.
La opinión del conseller de Medio Ambiente en este asunto particular coincidente con la ya expresada a este diario por José María Jiménez, presidente de la asociación balear de chárter náutico, que calificó el nuevo reglamento como "una catástrofe", como "una legalización de facto de los yates pirata". Y señaló que su impacto, si no hay una rectificación va a ser enorme.
Para empezar, indicó, supone dar alas a la comercialización temporal de embarcaciones privadas. En las islas hay alrededor de 12.000 registradas, según señala el presidente de chárter náutico, de las que unas 1.500 podrían pasar a comercializarse para alquiler durante los meses de mayor demanda. Pero eso supone solo la flota ya presente en las islas, y con la liberalización de los alquileres de embarcaciones durante tres meses se añade al problema la flota instalada en los puertos peninsulares del Mediterráneo, ante el atractivo que el archipiélago tiene como destino. A todo ello hay que sumar las embarcaciones que llegan desde otros países.
"Llevo diez años luchando contra estas actividades irregulares que el Gobierno regulariza a partir del próximo año", lamentó el presidente del chárter náutico, que además recuerda la colaboración para combatirlas que durante esta legislatura encontró en la conselleria de Movilidad, desde la que se creo el registro al que debían sumarse aquellos barcos que se pusieran en alquiler para que fuera más fácil detectar y sancionar las ilegalidades que se pudieran cometer en este campo.
Los permisos para estas autorizaciones temporales se tramitarán y resolverán por la Dirección General de la Marina Mercante en el plazo de 15 días desde su entrada en el registro de la sede electrónica asociada al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos.
Las personas a bordo no podrán superar lo estipulado en la declaración escrita de conformidad o, en su caso, en la documentación técnica de la embarcación, debiendo existir equipo de seguridad y salvamento para todas las personas que se embarquen en estos barcos privados dedicados temporalmente al alquiler.
