La consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad y dirigente del PSIB, Mercedes Garrido, aseguró ayer que "la gestación subrogada es violencia y explotación contra las mujeres" y atacó al Partido Popular por "desconocer la realidad de las necesidades de las mujeres y de las políticas feministas". Garrido lamentó también que "la ignorancia es muy peligrosa" después de que el PP se abriera a regular esta práctica "sin interés mercantil".

La diputada y portavoz del Partido Popular, Marga Duran, se muestra muy crítica con las declaraciones de Garrido sobre esta cuestión y considera que son "un ataque a las familias" que toman la decisión: "Debe moderar sus palabras, estas calificaciones no son correctas para tratar este tipo de cuestiones".

El PP considera que es una cuestión que es "una realidad social en nuestro país" y reclaman un debate serio, riguroso y responsable. Aunque tienen claro que la premisa principal es no mercantilizar el cuerpo de las mujeres: "No puede haber una contraprestación económica". Una postura que concuerda con la emitida por la dirección nacional del partido.

Por ello, Duran pide escuchar "de forma sosegada y con tiempo" a todos los expertos porque el debate es incompatible con la polémica, en referencia a la noticia de Ana Obregón. Considera que la sociedad va avanzando más rápido y los partidos evolucionan sobre sus posturas: "Las familias se van a otros países donde sí que es legal, por eso hay que adquirir consensos y escuchar a todas las partes implicadas".

Aunque deja clara la postura de su partido: "Lo primero es defender los derechos de los menores, que cuando vengan tengan todos sus derechos asegurados. Hay que dejar fuera del debate a los hijos".

La coordinadora autonómica de Podemos y candidata al Govern, Antònia Jover, se muestra totalmente en contra de "la mal llamada gestación subrogada" porque, según declara, "es una forma de violencia machista que explota los cuerpos de las mujeres pobres por los caprichos de gente muy privilegiada, con mucho dinero".

En este sentido asegura que "ni los cuerpos de las mujeres ni los bebés pueden ser nunca objetos mercantiles" porque son "sujetos, personas con derechos" y recuerda que los seres humanos "ni se alquilan, ni se compran, ni se venden".

Asimismo incide en que el alquiler de vientres es "una forma de esclavitud moderna" que está prohibida en España y, por tanto, "es un delito". No obstante, expresa que desde su partido intentaron que la nueva Ley del Aborto que se aprobó recientemente incluyese no solo el reconocimiento de la gestación subrogada como una forma de violencia contra las mujeres, sino también que se pudiese perseguir penalmente en España a quienes cometen este delito en el extranjero, "pero el PSOE no quiso". "No podemos permitir que quienes tienen dinero suficiente puedan cometer un delito en el extranjero y luego volver como si nada, es indecente".