La actual ausencia de vivienda a precio asequible que sufren las islas se va a prolongar al menos durante tres años más, según han lamentado hoy el presidente y el vicepresidente de la asociación balear de promotores inmobiliarios, Luis Martín y Oscar Carreras respectivamente. «La emergencia habitacional ya no es una amenaza, es una realidad», se ha indicado, subrayando además que se trata de un problema que no va a mejorar durante los próximos ejercicios, ante el bloqueo que se registra también en la puesta en marcha de un volumen apreciable de vivienda protegida para la venta. Buena parte de este problema, se ha afirmado, se explica por el «fracaso de ocho años de mala política de vivienda», en referencia a la desarrollada por el Govern del Pacto.
Un aspecto sobre el que se ha hecho hincapié es que no se han creado las condiciones para impulsar la promoción de residencias a precio asequible, ya que el desarrollo de suelo de Palma y Calvià está frenado por la revisión de sus respectivos planes generales; los retrasos en la tramitación de licencias no ha dejado de agravarse, y roza ya los dos años cuando legalmente no deberán superarse los tres meses, algo que se achaca en parte a la inseguridad generada por los constantes cambios en la legislación; y además las ayudas para la compra de vivienda protegida prácticamente han desaparecido.
Respecto a este último punto, se afirma que «por primera vez en Baleares se da la paradoja de que dos personas con un salario medio no alcanzan a cumplir las condiciones mínimas para acceder a una hipoteca».
A lo expuesto hay que sumar el que se están impulsando muy pocas edificaciones residenciales. Martín ha puesto de relieve que en las islas está saliendo al mercado unas 3.000 viviendas nuevas cada año, cuando se necesitarían alrededor de 7.000, lo que hace que el actual déficit se incremente en unas 4.000 residencias por cada ejercicio que pasa.
Precios mínimos
Otro punto que se ha señalado es que en este momento resulta muy difícil encontrar un piso nuevo por menos de 2.400 euros el metro cuadrado, y eso en los municipios donde los costes son más reducidos. En el caso de Palma, se ha afirmado que al promotor le cuesta levantar cada vivienda al menos 3.000 euros el metro cuadrado, lo que explica que el precio de venta deba de ser superior. Y todo ello, sin que haya a la vista un abaratamiento del mercado.
También se ha calificado de «cortina de humo» el debate abierto sobre la limitación en las compras de los no residentes, dado que no resulta legal, y se ha indicado que con ello se ha querido tapar el fracaso en la política de vivienda del Govern.
Igualmente, se ha rechazado poner topes al precio de los alquileres, alegando que en las zonas en las que ya se ha aplicado ha tenido efectos negativos.
Los representantes de esta patronal han afirmado que lo que está sucediendo en las islas «no es un problema coyuntural, sino estructural y grave».
Por ello, y entre otras medidas, se ha vuelto a reivindicar que para no consumir más suelo es necesario autorizar más alturas en los nuevos edificios. «El territorio es limitado, pero el cielo no», ha manifestado el presidente de la asociación.
Gran pacto político
Un punto reclamado por Martín y Carreras es que se alcance un gran pacto entre los principales partidos de las islas para consensuar una política de vivienda que no cambie cada cuatro años y que no dependa de la ideología.
Estos temas fueron analizados durante la asamblea de esta patronal celebrada el pasado día 28, en la que se reeligió a Luis Martín como presidente.
