La huelga de los letrados de la administración de justicia que ha finalizado este martes después de dos meses de protesta ha provocado la suspensión de unas 3.500 actuaciones procesales en Balears, incluyendo 1.500 juicios, según ha estimado Margarita de Juan, delegada de la Unión Progresista de Letrados de Administración de Justicia en las islas. Son cifras notables teniendo en cuenta que en el archipiélago el seguimiento del paro ha estado entre el 35% y el 40%.
«Es positivo que se haya puesto fin al conflicto y podamos empezar a trabajar mañana. El conflicto ha durado tanto por la negativa del Ministerio de Justicia a sentarse a negociar. Y se ha generado un daño a la administración de justicia porque se han paralizado muchas actuaciones procesales. Estas suspensiones redundan en un retraso que ya existe con carácter general dentro de la administración de justicia. El hecho de parar dos meses se va a notar y poner al día todo lo que se ha paralizado puede suponer entre medio y un año», ha explicado de Juan.
Un 75% de los letrados en huelga votaron sí a favor del acuerdo que les planteó el Ministerio de Justicia y que incluye un incremento salarial de entre 430 y 450 euros mensuales. «Se intentará que en los juzgados donde haya habido una paralización se establezcan unos planes de recuperación para agilizar en lo posible lo que se haya visto retrasado», ha indicado esta letrada.
Asimismo, ha lamentado que haya sido necesaria una huelga para poner de manifiesto la importancia de su trabajo: «Somos una figura fundamental, no hay nada que suceda en un juzgado que no pase por las manos de un letrado de la justicia, desde que empieza el procedimiento hasta que termina. Es una pena que nuestra figura y nuestras funciones se hayan dado a conocer como consecuencia de una huelga».
Por su parte Martín Aleñar, decano del Colegio de Abogados de Balears (ICAIB), ha advertido de que las «miles» de actuaciones que han tenido que suspenderse durante los dos meses de paro obligará a señalar juicios para un horizonte tan lejano como 2025. «Sobre todo en determinadas jurisdicciones que van con mucho más retraso como la contenciosa o la laboral. Incluso en la jurisdicción civil ya nos estamos encontrando con señalamientos a un año o un año y medio. Hemos solicitado un plan de recuperación del que de momento no se ha hablado. Vamos a ver cómo recuperamos los miles de asuntos y juicios que han quedado suspendidos en islas», ha expresado Aleñar.
"Un gravísimo perjuicio para el ciudadano"
La protesta de los letrados ha agravado una situación en los juzgados en los que los retrasos a la hora de señalar juicios ya era algo cotidiano. «Ya estamos viendo señalamientos para 2025 , hay una acumulación por todos los que no han podido celebrarse estos dos meses. Se hablaba de habilitar algunas tardes. No sé cómo lo resolverán, pero estamos originando un gravísimo perjuicio a un ciudadano que espera la resolución de su asunto durante años», ha manifestado Aleñar.
«Hay ciudadanos que han estado esperando años para tener una fecha de juicio, y ahora han visto que se ha suspendido. ¿Qué pasará con estos juicios? ¿Van a tener que esperar otros dos años para que se celebren?», se ha preguntado el decano del ICAIB en referencia a la dificultad que supondrá encontrar nuevas fechas.
La huelga ha frustrado la autorización de pagos e indemnizaciones que dependían de una decisión judicial. «Se habla de que están pendientes de abono en torno a 1.500 millones de euros en toda España, es un perjuicio enorme para quien está pendiente de ingresar una cantidad. «Nos parecía que era un huelga que se estaba alargando excesivamente, sin que hubiese una voluntad de llegar a un acuerdo. Estos dos meses de parón en la justicia han supuesto un daño tremendo», ha subrayado el decano de los abogados.
