El departamento de Turismo del Consell de Mallorca está tramitando la mayor sanción que se ha impuesto jamás en Mallorca por alquiler turístico ilegal. Se trata de una multa de 200.000 euros a un edificio entero de cinco pisos que todos son de la misma propiedad en Palma. Las cinco viviendas se destinaban al alquiler vacacional sin contar con la licencia para su comercialización, ya que en la capital balear esta actividad está del todo prohibida.
La sanción es de 40.000 euros para cada uno de los cinco pisos del edificio, lo que suma la cantidad de los 200.000 euros antes mencionados. Según ha podido saber este periódico, los inspectores del Consell actuaron a instancias de los vecinos que advirtieron de la actividad ilegal y después comprobaron como se comercializaban a través de las plataformas digitales, como es el caso de Airbnb, entre otras. La tramitación del expediente está en su fase final y ya se podría haber notificado a los propietarios afectados las irregularidades cometidas, así como la elevada cuantía de la sanción turística.
Durante el 2022, el primer año de recibir las competencias de ordenación turística, el Consell impuso multas por valor de 100.000 euros abriendo unos 150 expedientes, según datos de mediados de año. En esta ocasión, con una sola sanción se ha doblado esta cantidad. Se les ha aplicado a cada uno de los pisos la máxima sanción de 40.000 euros. En primer lugar por realizar una actividad prohibida en el municipio de Palma, en segundo por acometerla sin licencia y en tercer lugar por no reunir las viviendas las condiciones optimas para su comercialización a turistas.
La propiedad del inmueble multado tiene la posibilidad de recurrir la sanción e incluso acudir a la vía judicial mediante un recurso contencioso administrativo contra la resolución del Consell. Las cifras hasta el mes de octubre apuntan a que la conselleria insular de Turismo y Deportes, una vez concluida la temporada alta, se habían llevado a cabo concretamente 1.877 inspecciones en establecimientos de toda Mallorca. Del total, unas 1.337 se llevaron a cabo en alojamientos turísticos y, de éstas, 881 en viviendas turísticas. La sanción a este edificio salió de una de las inspecciones realizadas, probablemente a finales de año, por parte de los 15 inspectores del Consell.
Prohibido en toda Palma en edificios plurifamiliares
El ayuntamiento de Palma prohibió en abril del 2018 el alquiler turístico en viviendas plurifamiliares, como la que ha sido sancionada con 200.000 euros por parte del Consell. La patronal del alquiler turístico, Habtur, recurrió ante la Justicia esta decisión y el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) aceptó las consideraciones de Habtur.
Sin embargo, Cort recurrió el auto del TSJB ante el Supremo y el pasado mes de febrero el alto tribunal avaló la prohibición dictaminada por Cort. Pese a ello, muchos propietarios han seguido alquilando sus pisos situados en edificios plurifamiliares a turistas de forma ilegal. Plataformas como Airbnb o Experia no exigen ningún filtro para comercializar los pisos a turistas y mucho menos evalúan si esta actividad está prohibida en un determinado territorio.
La oferta ilegal no se ha erradicado, pese a la prohibición de Cort. Es cierto que es mucho menor a la que había con anterioridad al 26 de julio de 2018, cuando el exalcalde Antoni Noguera consiguió que la capital balear se convirtiera en la primera ciudad española en decretar el veto. Palma llegó a tener 25.000 pisos turísticos. Según una radiografía del sector realizada por este periódico en febrero, en pleno invierno, se anuncian casi 2.000 pisos en Airbnb. Son muchos menos que antaño, pero aún queda camino por recorrer para bajar hasta 621, que es el número de viviendas turísticas con licencia oficial en el término municipal de Palma. Con estos números, se puede afirmar que el 70% de la oferta en la plataforma es ilegal.
En municipios del Pla de Mallorca, como Llubí, Ariany o Costix, la oferta ilegal de pisos turísticos que se comercializan en plataformas digitales está entre el 40% y 33%. Les siguen Escorca (30%), Inca (26,25%), Muro (25%), Selva (23,4%), Alcúdia (20,75%), Petra (20%), Calvià (20%), Sa Pobla (14,4%), Santa Margalida (12%), Pollença (8%), Mancor (7,5%), Campanet (6,5%) y Lloseta (5%).
