Ramón Tamames citó en su discurso de ayer en el Congreso, con motivo de la moción de censura a Pedro Sánchez, al exministro de Agricultura en tiempos de UCD Jaime Lamo de Espinosa. Esta cita tiene una vinculación directa con Balears, ya que Tamames y Lamo de Espinosa fueron contratados por el Govern de Jaume Matas en 2006 para elaborar un estudio sobre la agricultura en Balears y que costó a las arcas públicas de las islas la friolera de 600.000 euros.

Ambos fueron fichados a través de un instituto vinculado a Asaja de Sevilla, el Instituto de Cuestiones Agrarias y Medioambientales (ICAM). Unió de Pagesos denunció en su momento que era una forma de financiar a la organización agraria Asaja, la misma que había organizado las tractoradas contra el Govern de Francesc Antich en el 2000. De hecho, el fichaje de Ramón Tamames y Jaime Lamo de Espinosa se fraguó siendo consellera de Agricultura Margalida Moner, que fue la que presentó el resultado final de estudio.

Es cierto que Tamames y Lamo de Espinosa no se quedaron cortos con el citado trabajo, ya que consta de seis tomos. Ayer en el Congreso, Tamames citó a Jaime Lamo de Espinosa asegurando que en temas de Agricultura «es el mejor de España y deberían contratarle».

El estudio de Tamames y Lamo de Espinosa, que se encuentra en las estanterías de la empresa pública Fons de Garantia Agraria de Balears (Fogaiba), es una radiografía de la situación de la agricultura en Balears. Pero este no es el único estudio de estas características que realizaron juntos. También elaboraron juntos uno sobre cuotas lecheras para el ministerio de Agricultura.

Fuentes que han pasado por Agricultura en la última década y han podido ojear el estudio sobre la agricultura balear de Ramón Tamames aseguraron que gran parte del mismo son obviedades y datos estadísticos y no se explican el elevado coste.

En 2011, siendo conseller de Agricultura Biel Company, también expresidente de Asaja, se recogieron algunas propuestas apuntadas por Ramón Tamames y Jaime Lamo de Espinosa en la ley Agraria calificada de «urbanística» por la oposición. Eran las zonas comerciales en las fincas agrícolas o la posibilidad de ampliar y construir dependencias y viviendas para agricultores en suelo rústico sin pasar por el Consell.