El Govern balear ha desistido de aprobar en esta legislatura el nuevo decreto sobre las medidas para afrontar el cambio climático que estaba impulsando la Dirección General de Energía, alegando que no ha tenido tiempo para consensuar el documento definitivo con los sectores implicados. El borrador que se había enviado a finales del pasado año a las organizaciones empresariales había recibido una dura respuesta, al considerar que muchas de las propuestas que incorporaba resultaban totalmente «inviables». Incluso desde Administraciones gobernadas también por el pacto de izquierdas, como el ayuntamiento de Palma, se había reconocido que el documento impulsado desde la Vicepresidencia de Juan Pedro Yllanes «no era realista».
El director general de Energía, Pep Malagrava, ha reconocido que la modificación que se quería hacer de la normativa sobre Cambio Climático no se va a poder aprobar durante los dos meses que quedan de legislatura, lo que la deja sobre la mesa del próximo Govern que salga de las elecciones autonómicas de mayo, pero ha preferido no hacer más declaraciones al respecto como se le ha solicitado desde Diario de Mallorca.
En cualquier caso, desde la patronal CAEB, que había presentado numerosas alegaciones al texto propuesto, se ha reconocido que la noticia ha «tranquilizado» a los sectores empresariales que se podían ver afectados.
«Irrealizable»
La principal crítica que se venía haciendo desde las organizaciones empresariales era precisamente que las medidas contempladas para combatir el cambio climático eran «irrealizables», según destaca el presidente de la asociación balear de chárter náutico, José María Jiménez. Tanto él como su homólogo en la patronal de promotores inmobiliarios de las islas, Luis Martín, aseguran que las empresas tienen asumida la necesidad de avanzar en materia de eficiencia energética y de reducción de las emisiones contaminantes, pero siempre con medidas realistas y consensuadas con los sectores afectados. Como ejemplo, se pedía que los yates de alquiler fueran eléctricos, cuando no hay modelos en el mercado, o que los nuevos edificios fueran autosuficientes, lo que implicaba instalar una superficie de placas solares que superaban sus dimensiones exteriores.
También el máximo responsable de la asociación balear de estaciones de servicio (Aesba), Joan Mayans, reconoce que las exigencias contempladas para su sector en el documento inicial eran excesivas, pero en su caso pone en valor el carácter dialogante de Pep Malagrava, al destacar que en las reuniones que se han mantenido con él había mostrado su predisposición a rebajarlas para buscar un consenso.
Propuesta "de máximos"
Los representantes de las asociaciones empresariales consultadas lamentan que desde el Govern se les presentara hace algunos meses una propuesta de decreto de «máximos», y se insiste en que lo que se tenía que haber hecho es hablar con los sectores afectados en primer lugar, antes de poner nada por escrito, ante la preocupación que la propuesta de decreto había generado.
Por ejemplo, el presidente de la asociación de chárter náutico, José María Jiménez, recuerda que se planteó la exigencia de que los yates de alquiler tengan motor eléctrico antes de 2030, cuando no se fabrican salvo en el caso de los catamaranes, a lo que hay que sumar que por ahora los avances en este sector van más dirigidos al hidrógeno. En cualquier caso, añade en que son muchos los que ya llevan instaladas placas solares.
También su homólogo en la asociación de promotores inmobiliarios, Luis Martín, afirma que su sector ya está adoptando medidas destinadas a potenciar la eficiencia energética, pero insiste en que las previstas por la Dirección General de Energía «no eran viables». Las alegaciones presentadas por CAEB ya señalaban que para instalar todas las placas solares que se exigían para la autosuficiencia energética sería necesario ocupar los solares próximos. Coincide en que el problema es no haber hablado con los sectores antes de elaborar cualquier documento.
El presidente de la patronal de estaciones de servicio de las islas, Joan Mayans, apunta que ya estaba negociando con la Conselleria una rebaja en la exigencia de que cada gasolinera cuente con un punto de carga para coches eléctricos, de forma que se fije una distancia mínima entre electrolineras, pero no una por estación.
