El Govern ha firmado este viernes el Acuerdo Marco 2023-2027 de la educación concertada de Baleares junto a patronales y sindicatos que incluye la subida este año del 7,5% de la asignación del Govern a estos centros para que hagan frente a sus gastos de funcionamiento (los módulos de funcionamiento), el proceso de equiparación con la pública de los trabajadores (proceso que quedó interrumpido por la pandemia) y el compromiso de abrir una serie de negociaciones sobre jubilaciones parciales, los centros de atención preferente "y otros puntos que se tendrán que tratar durante la próxima legislatura".
El conseller Martí March ha afirmado que se trata de un acuerdo "positivo" pese a la complejidad de la negociación: "La perspectiva es buena por el avance y pone la base para seguir mejorando, sobre todo en la supervivencia de los centros". En este sentido ha asegurado que el convenio es "un referente a nivel estatal" y ha agradecido tanto a patronales como sindicatos su capacidad para negociar: "Nuestro límite era la realidad económica, pero no ha habido falta de voluntad política".
Asimismo ha defendido que el acuerdo responde a demandas y necesidades "justas" y ha explicado que la negociación debe seguir para mejorar los flecos que han quedado en el tintero: "Desde 2015 hemos avanzado hacia la equiparación real y este es un acuerdo de país, que ayuda a alcanzar el éxito".
Por su parte la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha celebrado la unanimidad alcanzada porque acuerdos "siempre ayudan a prosperar" y se ha mostrado "orgullosa" de haber devuelto el diálogo social y los consensos: "Queda camino por recorrer".
Claves del acuerdo
Este Acuerdo Marco reactiva compromisos que quedaron paralizados por la pandemia, como completar la aplicación de la equiparación retributiva con el profesorado de la pública; reducir las horas lectivas en ESO, Bachillerato y FP a 23 horas a partir de septiembre de 2023; negociar un plan progresivo de reducción de ratios (que suelen ser más elevadas que en la pública) a partir del curso que viene, además de un plan para recolocar al profesorado que pueda verse afectado por la reducción de unidades.
El pacto también incluye la paga extraordinaria única de antigüedad de los 25 años, que se compensará con el cobro de los sexenios, y el inicio de un estudio a partir del curso que viene "para determinar el coste de funcionamiento por unidad concertada con el objetivo de establecer una financiación suficiente para garantizar la gratuidad de las enseñanzas concertadas".
Asimismo, Educación también se compromete a que determinados centros concertados puedan ser considerados "de atención preferente" a partir del próximo curso (una etiqueta que tienen unos 60 centros públicos por la vulnerabilidad de su alumnado y que les supone un tratamiento especial en cuanto a recursos). Además, este año se completará la concertación de la orientación en Infantil y Primaria y en 2024 "se firmará la ampliación del acuerdo de jubilaciones parciales del profesorado y se iniciarán las negociaciones para introducir nuevas mejoras que aligeren la carga lectiva y reconozcan la función tutorial".
