La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) concluyó en el estudio que hizo en 2020 sobre el efecto del incremento del descuento de residente al 75%, además de que subieron los precios de los vuelos, que había que estudiar mecanismos para lograr una distribución más igualitaria de la subvención teniendo en cuenta los niveles de renta. El Gobierno de Pedro Sánchez ha rechazado esta recomendación, a fecha de diciembre de 2022.
La AIReF ha hecho pública la respuesta del ministerio de Transportes y Movilidad Urbana. El análisis «preliminar» de esta medida «permite predecir que podría ser objeto de una fuerte oposición en los archipiélagos. Se percibiría como una limitación y retroceso de un derecho adquirido, independientemente de las rentas. Y podría ser incompatible con los Regímenes Fiscales especiales».
Además, no es posible diferenciar cuándo un viaje se hace a título privado y cuándo es de empresa. Es decir, muchos de los desplazamientos que en el análisis de la Autoridad Fiscal se imputan a residentes, se podrían estar haciendo a cargo de las empresas «canarias», se especifica en este caso en la respuesta del Ministerio. Las subvenciones al transporte aéreo disparan el gasto estatal.
En el estudio del organismo fiscal se detectó que el coste de los billetes bajó un 47 % en promedio para los residentes al subir el descuento al 75% y, al mismo tiempo, subió un 125% el gasto público.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2023 se han destinado 215 millones de euros para la subvención del descuento aéreo en el archipiélago. La partida se incrementa en 3 millones respecto al año pasado. Sin embargo, el cálculo del Ministerio sigue quedándose corto; en el ejercicio 2022 se gastaron 220 millones. Se produjo un desfase de 8,5 millones con la bonificación del 75% en los billetes de los residentes en Balears.
