Representantes del sector inmobiliario se citaron ayer en una mesa redonda organizada por el Cercle d’Economia de Mallorca para plantear «soluciones factibles a corto y largo plazo» que sirvan para combatir la «emergencia habitacional» que impide a muchos residentes en las islas el acceso a una vivienda de compra o de alquiler.
Hubo coincidencia en reprochar al Govern la poca vivienda pública que ha construido esta legislatura. Se plantearon soluciones como levantar edificios más altos y pisos más pequeños para un mayor aprovechamiento del escaso suelo disponible. También hubo lamentos por la «confusión» legislativa en materia urbanística y de territorio de estos últimos años. Y una petición unánime: un pacto entre el sector público y el privado la próxima legislatura «por encima de colores políticos» para atajar la problemática.
«Una de las soluciones pasa por revisar densidades. ¿Qué nos da más miedo? ¿Construir en altura o quitar almendros? Yo creo que lo segundo. A lo mejor en el polígono de Levante en lugar de seis alturas pueden haber ocho», propuso Luis Martín, presidente de la asociación empresarial de promotores inmobiliarios.
También intervinieron Sandra Verger, directora general de la asociación de constructores de Balears; Joan Cerdà, presidente de la demarcación de Mallorca del Colegio de Arquitectos de Balears (COAIB); José Miguel Artieda, presidente de la asociación de agentes inmobiliarios de las islas; y Javier Blas, abogado de Illeslex. El arquitecto Pere Nicolau moderó el coloquio, celebrado en la Fundació sa Nostra y titulado ‘La vivienda en Balears: problemas, causas y soluciones’.
«La administración no está construido la vivienda publica necesaria. El año pasado el IBAVI solo hizo alrededor de 150 viviendas. A ese ritmo necesitaría 30 años para dar un piso social a las más de 4.500 personas que hay en lista de espera», subrayó Cerdà.
Del mismo modo, reclamó agilizar la concesión de las licencias de obras, «uno de nuestros dramas profesionales». En este sentido, celebró haber firmado un convenio con el Ayuntamiento de Palma para simplificar una tramitación que en algunos municipios se alarga tres años.
Solo 2.500 viviendas visadas
Verger reclamó una «colaboración público-privada imprescindible». La representante de los constructores señaló que las 2.500 viviendas visadas el año pasado en Mallorca son «insuficientes» para satisfacer la elevada demanda debido al aumento de la población en el archipiélago. «No estamos construyendo nueva vivienda y eso ha tensionado los precios de la segunda mano y del alquiler», destacó.
Hubo un rechazo generalizado a regular el precio de los alquileres, algo que plantea la próxima ley de vivienda estatal. «Ha tenido resultados nefastos allí donde se ha puesto en práctica», criticó Artieda, que pidió «incentivos» a los propietarios para que alquilen sus viviendas vacías.
Blas señaló que «ha fallado la gestión pública» y criticó la «desprotección» de los caseros frente a eventuales impagos de sus inquilinos y a la «inquiocupación», cuando deciden permanecer el la vivienda sin pagar.
