La Obra Cultural Balear (OCB) ha pedido destinar un 5% del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a paliar el impacto de la actividad turística sobre la lengua, la cultura y el patrimonio.

En una nota de prensa, la OCB ha informado ha elaborado 56 propuestas agrupadas en tres ejes ideológicos, que son los tres pilares en que trabaja la entidad: la defensa de la lengua catalana, la promoción de la cultura propia y el avance en el autogobierno de Baleares. Unas propuestas que hará llegar a todas las fuerzas políticas que concurrirán a los comicios del mes de mayo.

El presidente del OCB ha manifestado que, para conseguir los objetivos fijados, se tiene que disponer de un presupuesto suficiente que permita hacer políticas que promuevan el uso del catalán, que promocionen la cultura de Baleares y mantengan el patrimonio histórico.

Lengua catalana

En cuanto a la defensa de la lengua catalana, la OCB ha propuesto una serie de medidas que se tienen que tomar de forma urgente para garantizar el uso social; y que afectan ámbitos como el educativo, el administrativo y los medios de comunicación.

Así, en relación al ámbito educativo, el objetivo de las medidas es garantizar que los alumnos acaben la Educación Secundaria Obligatoria con plena competencia en catalán. Por este motivo, la OCB ha propuesto, entre otros medidas, recuperar el Servicio de Enseñanza del Catalán.

Además ha propuesto ofrecer a los docentes formación continuada con recursos de todo tipo; garantizar el cumplimiento del mínimo del 50% de enseñanza en catalán; exigir a la Inspección Educativa que controle el cumplimiento de los proyectos lingüísticos de los centros y destinar más recursos humanos y materiales para programas de acogida lingüística para alumnos de incorporación tardía.

Mientras, en relación al ámbito administrativo, el objetivo de las medidas es garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos y promover el uso social de la lengua catalana. Por este motivo la OCB ha propuesto, entre otros medidas, un compromiso firme para que en los actos públicos que tengan lugar en Baleares o en el ámbito lingüístico catalán, las autoridades y los empleados públicos que tengan que intervenir por razón del cargo se tengan que expresar en catalán.

Además, ha propuesto aumentar las partidas presupuestarias para la normalización lingüística de los departamentos que se encargan y, también, que todas las direcciones generales, direcciones insulares, concejalías, organismos dependientes, etcétera, tengan que destinar un incremento inicial de su presupuesto de un 0,15% -que de manera progresiva tendría que llegar al 0,3%- para compensar las "desventajas" del catalán y garantizar su funcionamiento y la atención al ciudadano en catalán.

Así mismo, ha planteado que el nivel de catalán que se pida los funcionarios tiene que garantizar que la puedan usar con fluidez en el trabajo, y en todo caso, la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP) les tiene que ofrecer cursos para mejorar sus capacidades.

"Las instituciones públicas tienen que pedir el uso del catalán como requisito para todas las subvenciones y colaboraciones e incluir una cláusula de uso del catalán en los contratos públicos", ha reivindicado, al mismo tiempo que ha exigido dotar a la Oficina de Derechos Lingüísticos, como mínimo, de los recursos materiales y humanos previstos en el Decreto de creación.

Finalmente, en cuanto a los medios de comunicación, la OCB ha presentado una serie de propuestas con el objetivo de aumentar la presencia del catalán, tales como recuperar la finalidad inicial de los medios públicos como herramienta de normalización lingüística y dotarlos de servicios lingüísticos con profesionales que garanticen la calidad lingüística de las emisiones y publicaciones; apostar por una buena programación infantil y juvenil en la radio y en la televisión; garantizar la recepción íntegra del canal SX3 y, si hace falta, asumir los derechos de antena en el ámbito balear y cooperar con el resto de los territorios del dominio lingüístico para disponer de una plataforma digital compartida con todos los contenidos mediáticos en catalán.

Promoción de la cultura

Por otro lado, la OCB ha propuesto una serie de medidas con el objetivo de destinar la mayor parte de los recursos a los creadores isleños en catalán.

La OCB entiende que las instituciones no tienen que "malgastar" los pocos recursos de que disponen, apoyando a las manifestaciones en lenguas mayoritarias que ya tienen muchos organismos que las ayudan y un público potencial de centenares de millones de personas.

Entre las propuestas destacan el impulso de una Ley de Derechos Culturales de Baleares, que vele por el derecho de acceso a la cultura de toda la ciudadanía y garantice el acceso a la creación en condiciones adecuadas; impulsar una estrategia para garantizar las conexiones entre cultura y educación y fomentar proyectos de mediación cultural, de inclusión social y de igualdad de hombres y mujeres, con la lengua catalana como lengua de encuentro y reforzar el Consejo de la Cultura de Baleares para que sea una plataforma de participación "abierta, plural, operativa, eficiente y activa", así como "un espacio de coordinación y toma de decisiones compartidas".

En el marco de los planes de diversificación económica, ha planteado diseñar un plan estratégico para las empresas culturales y elaborar las normativas que regulen su funcionamiento, a través de una intensa articulación y coordinación entre sectores e instituciones, fomentando a la vez la economía cooperativa, social y solidaria en el ámbito cultural.

Y, también ha propuesto crear el Observatorio de la Cultura, espacio para la investigación, información y seguimiento de la actividad cultural de Baleares e incrementar el presupuesto de cultura, tal como recoge el Plan de Cultura de las Islas, en un 50% del presupuesto en 10 años para lograr los objetivos propuestos.

Avance en el autogobierno

Finalmente, la OCB ha propuesto actuaciones para avanzar en el autogobierno y en el desarrollo económico y social de Baleares, con medidas tales como culminar el proceso de transferencias de las competencias pendientes que están todavía en manos del Estado; asumir la competencia de Justicia e introducir la lengua catalana en la gestión administrativa, como también en la capacitación de jueces, magistrados, etcétera.

Además, ha propuesto crear una policía autonómica, con el establecimiento de un plan progresivo de sustitución de los cuerpos de seguridad del Estado, en los términos que marca el Estatuto de Autonomía.

Otras medidas que ha planteado han sido negociar con el Estado la cogestión temporal de los puertos y aeropuertos de titularidad del Estado, como fase transitoria, hasta su transferencia total al Govern y hacer un frente común con otras comunidades que también plantean esta demanda; establecer un modelo económico que tienda a superar el "monocultivo turístico" y defender un modelo económico que sea "sostenible", tanto desde el punto de vista social como medioambiental, pero también cultural y lingüístico.

Con todo, ha propuesto establecer un marco permanente de cooperación con el resto de territorios del dominio lingüístico catalán, para coordinar las políticas lingüísticas y poner en común instrumentos de fomento la lengua entre la población, las empresas y los medios de comunicación públicos y privados de manera conjunta y promover el reconocimiento del catalán como lengua de Estado y su oficialidad en la Unión Europea, para garantizar los recursos públicos y las inversiones que lo homologuen al resto de lenguas europeas de su peso, y le permitan acceder a todos los programas europeos de fomento o intercambio lingüístico.