Varapalo del PSOE de Pedro Sánchez al PSIB de Francina Armengol. Los compañeros de la presidenta del Govern en el Congreso rechazaron la toma en consideración de la Proposición de ley que se aprobó en el Parlament balear a propuesta de Més per Menorca y que tenía por objetivo cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para que las comunidades autónomas puedan regular el precio de los alquileres. La modificación legislativa no salió adelante pese a que Armengol y todo el Pacto había votado a favor en la Cámara balear. El portavoz de los socialistas, Patxi López, ya había mostrado por la mañana su desacuerdo y fue tajante en su respuesta, aunque no aportó ningún argumento para defender su postura.
Concretamente la proposición pedía que las comunidades autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales puedan establecer regímenes de contención o moderación de rentas de alquiler, que tendrían que circunscribirse a aquellas zonas con un mercado de vivienda tensionado. Además, la reforma establecía que el establecimiento de estos regímenes podrá prever su respectivo régimen sancionador y sistema de resolución extrajudicial de conflictos.
El diputado mallorquín del PSOE Pere Joan Pons tuvo la complicada papeleta de defender ante sus compañeros de partido el voto negativo, a sabiendas del voto favorable de su líder. Agradeció las intervenciones de los tres diputados de Baleares porque «apuntan a la urgente necesidad de más regulación», aunque se vio obligado a darles la mala noticia, sin explicitar en ningún momento que el voto sería contrario: «La ley de Vivienda será el paraguas competencial en ámbitos como la contención de los precios del alquiler. Para el PSOE el fondo de esta propuesta enriquece el debate, pero se antoja innecesaria ante la tramitación de la normativa estatal».
En su alegato afirmó que la alternativa en las islas es Armengol, «que será la primera mujer en hacer tres mandatos en las islas», y prosiguió con una crítica a la líder del PP balear y candidata al Govern, Marga Prohens, también presente en el pleno : «Usted fue la portavoz de un gobierno que hizo cero viviendas públicas entre 2011 y 2014». En este sentido se acordó de que el Govern de José Ramón Bauzá «se dedicaba a despedir docentes y sanitarios» y aseguró que en viviendas y en zonas tensionadas «o intervenimos desde lo público o la mano invisible del mercado actúa por nosotros».
Por parte del PSIB fue Joan Ferrer quien remarcó que el acceso a una vivienda se ha convertido en «un reto de primer orden» porque, pese a la recuperación económica, acceder a un piso «sigue siendo muy difícil para la gran mayoría de personas». Como la negativa del PSOE ya era una realidad, aplaudió la aprobación del proyecto de ley estatal de Vivienda ya que «incorpora las medidas que traemos aquí» y solicitó a los grupos parlamentarios «que se ciñan a la senda que les marcamos».
Prohens aprovechó su réplica para evidenciar el distanciamiento entre los socialistas y criticó que esta proposición «viene a reconocer la incapacidad del Govern de Armengol para abordar el tema que más preocupa a los ciudadanos». Ironizó así sobre la posición en contra del PSOE a una propuesta secundada por el PSIB: «No son capaces de convencerles para que les voten a favor y han dejado sola a Armengol en su deriva populista e intervencionista, la más radical del PSOE».
«Han entrado en una situación donde a la desesperada proponen lo primero que se les ocurre, como su gran cortina de humo: prohibir la venta a extranjeros y peninsulares, ignorando todo el ordenamiento jurídico y la normativa europea, porque lo que en realidad buscan es limitar la propiedad privada», aseguró la dirigente ‘popular’.
El problema más «acuciante»
El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, explicó que el acceso a la vivienda es «el problema más acuciante» en las islas y apuntó a la gran dependencia del turismo, lo que provoca que haya una «contracción muy fuerte» de la oferta al tratarse de un destino deseable para muchos no residentes que buscan una segunda vivienda. Además alertó de que el alquiler vacacional también es «muy intenso» en Baleares porque retira una cantidad muy importante de viviendas del mercado inmobiliario: «Les hemos querido hacer llegar humildemente el anhelo de dar respuesta a una necesidad imperiosa que tienen todos los ciudadanos de las islas».
Por su parte la candidata de Unidas Podemos, Antònia Jover, expuso que si gobierna habrá un impuesto a las viviendas vacías e incidió en que faltan 40.000 viviendas en alquiler. «Garantizar el acceso a una vivienda debe ser una cuestión de Estado para cualquier gobierno decente que trabaje para la gente» porque, al tener un suelo finito en Baleares, «la ciudadanía no quiere que las islas se conviertan en un parque temático para ricos, mientras las familias con niños y la juventud y la clase trabajadora no puede pagarse el alquiler», destacó.
Finalmente el diputado de UP Pablo Jiménez señaló que «resulta una anomalía tener competencias en vivienda pero no poder disponer de medidas que supervisen el precio de acceso a las mismas». Una anomalía que también señalaron los diputados de Más País, CUP y PDeCat Íñigo Errejón, Ferran Bel y Albert Botran: «El Estado español ni hace ni deja hacer, pero debe permitir que quienes decidan sean los parlamentos autonómicos».
