Cansado del «linchamiento público» al que se ve sometido, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, reacciona a las acusaciones de la interventora de la institución sobre las supuestas coacciones que afirma haber recibido y asegura que fue ella la que lo amenazó a él para lograr el puesto que ahora ocupa y que ahora actúa «por venganza». De hecho, Marí considera que, vista «la secuencia de los hechos», la oposición de la entonces viceinterventora al pago de la factura de 167.000 euros a Fuera de Escena Ibiza por el espot de promoción turística La vida Islados obedece a dicha «venganza».
La querella de la Fiscalía Anticorrupción contra el presidente relata que, desde «un primer momento», cuando Marí asume el cargo de presidente del Consell, éste aseguró a la viceinterventora que «la plaza de interventora sería para ella», y que «en este momento comienzan las amenazas constantes del presidente en el sentido de ‘o te portas bien o no te nombro interventora’». El presidente reconoce que su voluntad era nombrarla y que así se lo comunicó, pero que fue él quien fue «amenazado» al pasar el tiempo y no formalizarlo.
De hecho, el primer asunto que se encontró el presidente sobre su mesa, tras asumir el cargo el 5 de julio de 2019, era la firma de dicho nombramiento tras el proceso abierto por el anterior gobierno para cubrir la plaza de interventor por libre designación, pero por recomendación de los técnicos no lo hizo porque había «dudas» sobre si la funcionaria cumplía los requisitos para haber optado al puesto. «El anterior presidente [el socialista Vicent Torres] no quiso firmarlo, supongo que porque le habían advertido».
«En una de las muchas ocasiones en las que me pidió reunirse conmigo para hablar sobre su nombramiento fue cuando le expliqué que los técnicos me decían que no la podía nombrar porque no cumplía los requisitos», indica Marí, que agrega que en uno de esos encuentros la viceinterventora le manifestó que «la tenía que nombrar, que si firmaba su nombramiento, nadie iba a recurrir». El presidente, según explica, le recordó que otra persona había optado al puesto pero había quedado fuera por presentar la documentación fuera de plazo. «Me instó a firmar un documento que era ilegal, al mismo tiempo que me advirtió con tono amenazante de que me iba a acordar de eso», subraya.
A principios de noviembre de 2019, la funcionaria presentó un escrito en el que pedía que se le notificase la resolución correspondiente sobre el nombramiento de interventor y que en el caso de que no existiera, como así era, se dictara de forma inmediata dada la obligación legal de hacerlo.
Informe del Govern balear
En diciembre de ese año, el presidente pidió un informe al Servicio de Corporaciones Locales, dependiente de la conselleria balear de Hacienda, para «constatar adecuadamente el cumplimiento de los requisitos exigidos en la convocatoria» por parte de la funcionaria.
El informe del Govern, que se firmó a mediados de enero de 2020, concluye que la viceinterventora no había adquirido en el momento que se abrió el proceso la condición de funcionaria de carrera de la subescala de Intervención-Tesorería de categoría superior y, por tanto, «no reunía el requisito para participar en la convocatoria».
En concreto, la funcionaria acreditó haber superado el ejercicio de las pruebas selectivas para el acceso a la subescala de Intervención-Tesorería de categoría superior, pero la adquisición de esta condición no se produjo hasta que se dictó la resolución el 1 de julio de 2019, cuando el plazo para la presentación de instancias para optar al puesto del Consell finalizaba el 19 de junio.
El presidente sostiene que los episodios de ansiedad de la funcionaria «coincidían con la insistencia de que la nombrara cuando no cumplía los requisitos legales», aunque también los tuvo, según la querella, tras su oposición al pago de la factura de La vida Islados. «También le dije que sacaríamos una nueva convocatoria y las cosas se harían correctamente, tal y como ocurrió. La nombré cuando podía en un cargo de libre designación», indica. De hecho, Marí la felicitó públicamente en el pleno de junio del año pasado.
«Esto demuestra que no había ningún tipo de animadversión, a pesar de que el Tribunal de Cuentas había abierto una investigación por negligencias contables». Se refiere al caso de los gastos irregulares de la exvicepresidenta Marta Díaz en el pasado mandato. «Es difícil de entender que me acusen de coacciones cuando finalmente la acabé nombrando a pesar de que tenía razones y recomendaciones de funcionarios de no hacerlo», añade.
