La querella presentada contra el presidente del Consell de Ibiza y diputado autonómico, Vicent Marí, por la supuesta contratación irregular de la campaña de promoción turística La vida Islados provocó ayer que el Partido Popular lamentara ante los medios de comunicación que el fiscal Anticorrupción, Juan Carrau, haya «copiado y transcrito literalmente» la acusación de la Oficina Anticorrupción y, por tanto, se limite a comprar las tesis del PSIB-PSOE, quien presentó la denuncia en primera instancia.
Carrau sostiene en su escrito contra Marí que el dirigente ‘popular’ lanzó «amenazas constantes» a la que era viceinterventora de la institución para lograr su ascenso y le advirtió que «o te portas bien o no te nombro interventora». Según publicó este fin de semana Diario de Ibiza, la funcionaria habría aportado unos audios de gran relevancia después de personarse en la causa como acusación particular al entender que habría sufrido coacciones por parte del presidente del Consell.
El cargo público más importante del PP en Baleares está acusado de tramitar de forma irregular un contrato de 250.000 euros a la empresa Fuera de Escena Ibiza S. L., cuya administradora era una compañera de partido, para realizar el vídeo de La vida Islados. Todo ello llevado a cabo mediante la vía de emergencia a raíz de la pandemia. En la querella, adelantada el pasado 28 de febrero por El País, la fiscalía apunta que «es evidente que no procedía la tramitación por la vía de emergencia, porque no era una medida necesaria para la lucha contra la pandemia» y manifiesta que se vulneraron los principios de «concurrencia y publicidad», lo que evitó que otras empresas pudieran presentarse en igualdad de condiciones.
Además, el Ministerio Público considera que los hechos denunciados por la interventora podrían ser constitutivos de un delito de coacciones y acoso laboral, que se castiga con una pena de seis meses a dos años de prisión. En el caso del contrato adjudicado durante la pandemia, el fiscal apunta que Marí podría haber incurrido en los delitos de prevaricación y tráfico de influencias, los cuales podrían llegar a suponer, en el caso del último, una pena de seis meses a dos años de cárcel y la inhabilitación para cargo público de entre cinco a 15 años.
La presidenta del PP, Marga Prohens, aseguró ayer, después de ser preguntada por la querella, que existe «interés» de que se hable hasta el día de las elecciones sobre esta «campaña del PSIB» y afirmó que tanto ella como Marí ya han dado «todas las explicaciones y en repetidas ocasiones». En este sentido, reiteró que «no haré la campaña» al PSIB porque el PP de Ibiza cuenta con el apoyo de los ciudadanos y las encuestas ponen «muy nerviosa» a la izquierda: «El 28 de mayo tendrán la palabra».
A pesar de que parecía que el partido ya había expresado su posicionamiento respecto a las nuevas aportaciones del Ministerio Público, el portavoz parlamentario Toni Costa pidió comparecer ante los medios para dar más explicaciones sobre este tema. Preguntado por las duras acusaciones de la fiscalía y la gravedad de la denuncia, Costa lamentó que Marí no haya podido hacer «ni una sola aportación» para defenderse y calificó de «insólito» que la Oficina Anticorrupción no diera trámite de audiencia al presidente del Consell para que pudiera hacer las alegaciones pertinentes. «¿Cómo se puede enviar a Fiscalía una cuestión sin que el principal acusado se pueda defender? A día de hoy no ha podido hacer las aportaciones necesarias», enunció antes de matizar sus críticas a Carrau, quien «no cuenta con toda la información por culpa de Anticorrupción».
