El Partido Popular de Baleares, liderado por Marga Prohens, ha iniciado una ofensiva importante contra el «fracaso» de las políticas de vivienda del Govern balear. Un ejemplo claro es el acercamiento a tres actores que han sido críticos en los últimos meses con los posicionamientos del Pacto: la Asociación Balear de Inmobiliarias (ABINI), la Asociación de Promotores y la Asociación de Constructores.
Prohens anunció ayer que el próximo martes llevará al Congreso de los Diputados el problema de la vivienda en Baleares —actualmente es diputada estatal— y su partido ha registrado una batería de preguntas sobre este tema. Además exigirán la comparecencia de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, para que explique la postura del Gobierno respecto a la limitación a la compra de viviendas por parte de no residentes, después de que el Ejecutivo central rechazase la medida y recordara que la Unión Europea «ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión».
La dirigente ‘popular’ citó el último informe autonómico del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el que el 90 por ciento de los ciudadanos de las islas desaprobaba las políticas del Govern en este ámbito: «Nos sentamos con el sector y con los que saben en lugar de criminalizar a la iniciativa privada porque se trata de escucharlos y hacer viables sus peticiones». En este sentido aseguró que su partido «nunca» lo hará desde la prohibición y la intervención y acusó al Ejecutivo de Francina Armengol de lanzar «cortinas de humo que jurídicamente se sabe que son imposibles». Anunció que, en caso de ganar las elecciones en mayo, vivienda y territorio formarán parte de la misma conselleria.
Según explica, la principal iniciativa que pondrán en marcha en caso de ganar las elecciones en mayo será ceder suelo público urbanizable a disposición delos promotores y constructores privados para que construyan vivienda a precio tasado: «Hay suelo pero hace años que está en tramitación en Calvià y Palma, donde se podrían construir unas 15.000 viviendas, porque la situación de emergencia habitacional requiere de una solución urgente». Asimismo apuesta por poner más vivienda en el mercado con el objetivo de bajar los precios a través de su propuesta de ‘alquiler seguro’, un programa de intermediación del Govern entre propietarios y personas que buscan piso para alquilar en el que los propietarios que se adhieran pongan en alquiler su vivienda a precios razonables, con el atractivo de tener garantías de cobro, de que se rehabilita para su alquiler y de poder recuperarlo en buen estado.
Esto iría acompañado, detalló Prohens, de iniciativas para reconversión de locales comerciales en viviendas, crecimiento en altura y mayor densidad en las ciudades, igualar diferencias en el ensanche de Palma, poder dividir las casas de los pueblos para hacer varias viviendas o simplificar las gestiones administrativas. También plantea la posibilidad de construir inmuebles única y exclusivamente para los funcionarios del Estado que vengan a trabajar a Balears.
Colaboración público-privada
El presidente de la Asociación Balear de Inmobiliarias (ABINI), Hans Lenz, valoró muy positivamente la reunión y las propuestas de los ‘populares’ porque «necesitamos urgentemente» construir vivienda accesible ya que el problema es «estructural y no se va a solucionar en un espacio de tiempo corto».
Por su parte, la gerente de la Asociación de Constructores, Sandra Verger, agradeció las proposiciones porque «recogen lo que venimos reclamando desde hace años». Esto es, construir vivienda accesible a través de la colaboración público-privada y agilizar los trámites de los terrenos urbanizables: «Las políticas de territorio, urbanismo y vivienda deben ir de la mano, unidas, porque en caso contrario será imposible construir inmuebles a precio asequible». Asimismo explica que el problema actual para hacer vivienda a precio tasado es la falta de suelo disponible: «No sabemos qué pasará con el Plan General de Palma u otros terrenos urbanizables que llevan entre 10 y 15 años bloqueados».
