La ministra de justicia, Pilar Llop, ha reconocido esta mañana en Palma su preocupación por los datos que señalan que más de 700 condenados por agresión sexual han visto rebajadas sus condenas o, incluso, han salido de prisión antes de lo previsto. Una situación que se ha producido como consecuencia de la denominada ley del 'sólo sí es sí'. Llop ha señalado que esta situación se ha producido al unificar el modelo de agresión sexual y el abuso sexual, que antes eran conductas distintas, que se castigaban con penas diferentes. La ministra ha incidido en la necesidad urgente de que todos los partidos políticos alcancen un acuerdo para modificar, desde el punto de vista técnico, los problemas que ha generado esta ley y que está permitiendo que los agresores sexuales se estén beneficiando. “La finalidad es blindar la seguridad de las víctimas” y ello pasa por aprobar una reforma que afecte a las penas que se imponen a los agresores sexuales. Por ello, Llop abogó por aprobar unas penas que sean proporcionadas a la gravedad del delito que se comete.

Llop ha considerado que los datos que ha publicado el Consejo General del Poder Judicial, que señalan el número de delincuentes que se han beneficiado con una rebaja de las condenas, es una situación “grave”. Y ha detallado que el papel que desarrolla en estos momentos el Ministerio que preside, para buscar una solución a esta situación, es exclusivamente técnico y que la solución ya ha sido presentada ante el resto de partidos políticos, por lo que ha expresado su deseo de que se consiga un apoyo mayoritario. La ministra ha aclarado que esta reforma mantiene el modelo de la ley que se refiere al consentimiento de la víctima, pero a la vez ofrece una solución técnica, que no ha especificado, para evitar la rebaja de las penas a los agresores sexuales.

Huelga de los abogados de la Administración de Justicia

La ministra también se ha referido esta mañana al conflicto que mantiene el Ministerio con los letrados de la Administración de Justicia, que están en huelga indefinida desde hace más de un mes y que está afectando al desarrollo normal de los juzgados. Llop ha considerado que la situación que se está produciendo es grave y que afecta tanto a los ciudadanos, como al resto de operadores jurídicos, pero considera que la propuesta económica que plantea el Comité de Huelga, desde el punto de vista presupuestario, es en estos momentos inasumible. Ha recordado que su departamento ha propuesto una unificación de las categorías, para que los secretarios judiciales que cobran menos, puedan tener un aumento anual de unos 5.000 euros al año. Esta propuesta ha sido rechazada y, según la ministra, la exigencia económica que presenta el colectivo supondría un coste de unos 75 millones anuales, una cifra muy superior a la que el Ministerio gasta al año para cubrir el servicio de justicia gratuita.

Precisamente, esta mañana la ministra, a su llegada al museo de es Baluard, donde ha mantenido una reunión sectorial, ha sido recibida por un grupo de letradas de la administración de justicia. La Policía ha obligado a las funcionarias judiciales a alejarse del lugar, al tiempo que les exigía que se identificaran.

Por otra parte, la ministra ha señalado que en estos momentos no está sobre la mesa la propuesta de que las competencias de justicia se transfieran a la comunidad autónoma.