En fecha reciente, se emitió un programa especial de un canal televisivo estatal desde una isla balear distinta de Mallorca, con un contenido de promoción autonómica. Uno de los productores del espacio le sugiere a las autoridades insulares:
—Hemos pensado en entrevistar a Francina Armengol...
—¿Para qué?, es mallorquina.
La escena recoge la mejor síntesis de los nulos efectos sobre el archipiélago de cuarenta años de Estatut. La culpa de que Balears sea una fantasía irrealizable no reposa en los poderes estatales, sino en la esencia insular. Cuatro islas y otras tantas fronteras, por mucho que a Madrid le cueste entenderlo.
Sin llegar al secesionismo de Castilla o León (no corregir, es disyuntiva en vez de copulativa), cada isla se considera un mundo aparte, ajena al Estatut comunitario más allá de lo inevitable. Sin embargo, alguien tiene que presidir la autonomía ficticia de Balears, y aquí prosiguen las contradicciones. Ninguna persona nacida en una isla distinta de Mallorca puede encabezar el Govern balear.
Por supuesto, la mallorquinidad forzosa de los residentes temporales en el Consolat no figura en el texto aprobado con rango de Ley Orgánica por el Congreso, con la abstención del centenar de diputados del PP que habían presentado una enmienda a la totalidad. Sin embargo, la ley del president/a mallorquín se aplica inexorable. La obligación de la cuna define a los seis ocupantes del cargo durante cuarenta años, aunque Francesc Antich nació en Caracas y José Ramón Bauzá en Madrid.
La presidenta de Balears seguirá siendo mallorquina en la próxima legislatura, camino ya del medio siglo de autonomía. Intentos esporádicos de proponer un aspirante menorquín, aunque residente en Mallorca como Francesc Triay, se vieron frustrados por duplicado. Los candidatos de 2027 serán varones, mujeres, europeos naturalizados, puede que propietarios de apellidos de otras comunidades, pero siempre que vivan en Mallorca. Las leyes más implacables son las que no necesitan ser redactadas.
En un aparte al margen de la presidencia del Govern, el catedrático de Derecho Administrativo más familiarizado con el Estatut añade otra contradicción:
-El Consell de Mallorca nunca debió existir, y tendría que suprimirse de inmediato. Es una duplicación de las funciones del Govern, incluso su situación en Palma a unos metros del Consolat denuncia la reiteración. Los Consells solo tienen sentido en las islas menores.
¿Alguien ha escrito el ofensivo «islas menores»? La rectificación no se debe al tono denigratorio de la expresión, sino a que Eivissa y Menorca son mucho más grandes que Mallorca en términos de peso electoral específico. El president/a ha de ser mallorquín, pero elegido por las otras islas, las mayores. Y esta disparidad también arranca del Estatut.
Empezando por el final, el voto de un menorquín equivale al de cuatro mallorquines, y el de un ibicenco a dos. O dicho de otra forma, Eivissa y Menorca son fundamentales para implantar la obligatoriedad de un president mallorquín. El Estatut dejó a Mallorca con mucha voz y poco voto.
En la disposición transitoria séptima del texto cuarentón se establece que «El Consell Insular de Mallorca estará integrado por 33 consejeros, el de Menorca por 13 consejeros y el de Eivissa por 13 consejeros». Esta composición sigue vigente, así en las instituciones insulares como en el Parlament, aunque sería consagrada en la Ley Electoral de 1986. Se trata de una proporcionalidad más distorsionada que corregida, en cuanto que el ochenta por ciento de la población concentrada en la isla de mayor tamaño elige solo al 44 por ciento de la cámara. Pues bien, el PP pretendía la paridad absoluta, pensando que las islas nada menores nunca iban a traicionarle, a diferencia de una Mallorca con la capital en manos de Ramón Aguiló. La derecha solo acierta con el pasado.
Lo cual no tiene demasiada importancia, por dos factores añadidos. Todos los presidentes estadounidenses, incluidos Bush o Trump, son capaces de citar fragmentos de la Constitución. Ningún inquilino del Consolat posee esta facultad, y mejor no preguntar si se han leído el Estatut. Además, el texto tantas veces citado es asimismo infrecuente en los debates del Parlament, según se demostraría en una búsqueda por ChatGPT.
