El Juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza ha aceptado aplazar al 2 de junio, después de las elecciones autonómicas y municipales de finales de mayo, la declaración del presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, como investigado por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y coacción por la contratación del rodaje y producción del anuncio de promoción turística La vida Islados. Marí opta de nuevo a revalidar la presidencia del Consell de Ibizay a repetir como diputado en el Parlament balear.

Ese mismo día también declarará la interventora del Consell, que se ha personado en la causa para ejercer la acusación particular por supuestas coacciones. Esta funcionaria es la que dictó un informe en contra de la contratación de la campaña de promoción turística por la vía de emergencia decretada por el Gobierno central por el covid durante el estado de alarma, entre marzo y junio de 2020. Inicialmente, el juzgado había citado a declarar al presidente el 9 de febrero, pero se pospuso al 7 de marzo. La defensa del presidente pidió cambiar esa fecha a junio porque el día señalado de marzo tiene turno de oficio. Fuentes de la defensa de la interventora informaron de que se opondrían a que la declaración se aplazara a después de las elecciones. Apuntaron que, en concreto, no estaban en contra de que se aplazara la citación sino de que el presidente fijase una fecha en función de sus intereses.

En cambio, paradójicamente, el presidente defiende insistentemente su interés en declarar cuanto antes para dar su versión de los hechos. Hasta siete veces ha pedido por escrito declarar, primero, ante la Oficina Anticorrupción de Balears, la Fiscalía Anticorrupción y, por último, en el juzgado en el que debería hacer declarado el pasado día 9. Sostiene que su abogada se opuso que se aplazara al 7 de marzo. La Fiscalía Anticorrupción presentó la querella en el juzgado después de que la Oficina Anticorrupción de Balears, a raíz de una denuncia del grupo del PSOE en el Consell y de un particular, advirtiera de que los hechos podrían ser constitutivos, presuntamente, de uno o varios delitos.

La querella se refiere a un contrato adjudicado a dedo por valor de 250.000 euros en 2020 aprovechando el estado de alarma durante la pandemia para beneficiar, según la denuncia de los socialistas, a una empresa con vínculos con el PP: Fuera de Escena Ibiza.