El PSIB-PSOE y Unidas Podemos han llegado a un acuerdo para la propuesta sobre la limitación a la compra de viviendas por parte de no residentes. En un primer momento los morados pedían directamente impulsar una ley autonómica para llevar a cabo este objetivo, aunque los socialistas ya avisaron que "no es posible" y hablaban de "no engañar a la gente" con iniciativas que no se pueden llevar a cabo porque Baleares no tiene las competencias necesarias. Por ello el acuerdo que se votará esta tarde en el Parlament rebaja las aspiraciones de Podemos y piden ahora que se impulse la ley "coordinadamente con el Gobierno del Estado y las instituciones de la Unión Europea". Contarán con el voto favorable de Més per Mallorca.
Esto significa que se deberá pedir permiso, primero a Europa y después a España, para que se habilite al Govern a poder restringir la compra de viviendas a no residentes y, por tanto, se seguirá con la estrategia anterior: acelerar las acciones del grupo formado por las consellerias de Presidencia, Vivienda y Hacienda, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la Universitat de les Illes Balears (UIB) para estudiar y elaborar un informe preliminar de la situación jurídica actual europea.
Las tiranteces entre los socialistas y los podemitas se han ido sucediendo y agravando en las últimas semanas con el acercamiento de las elecciones autonómicas y municipales. Unidas Podemos quiere desmarcarse de la gestión del PSIB en vivienda —«no nos escondemos, llevamos toda la legislatura haciendo propuestas que, desgraciadamente, no han sido aprobadas»— y aseguran que «siempre» han sido críticos con las políticas en materia de vivienda dentro del Govern porque «se puede ser mucho más valiente». Además vuelven a cargar contra el partido de Francina Armengol por ser «sensibles a las presiones del lobby inmobiliario» y recuperan la enmienda presentada a los presupuestos para destinar los recursos de promoción turística al impulso de vivienda social: «La construcción ha sido demasiado lenta».
La portavoz de UP, Esperança Sans, asegura que existe «jurisprudencia positiva» en el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea según se recoge en un informe encargado por el partido al observatorio DESC: «Nos permitiría poner en marcha esta medida».
