José Miguel Artieda acaba de acceder a la presidencia del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares, sustituyendo en el cargo a Natalia Bueno, que pasa a ocupar la vicepresidencia, intercambiando ambos los papeles que han desempeñado durante el anterior mandato.
Los últimos informes que se han publicado por parte de los portales inmobiliarios desvelan que es muy difícil encontrar una vivienda para alquilar en Mallorca por menos de 600 euros al mes. ¿Qué datos manejan ustedes?
Incluso ese precio me sorprende, porque tenemos peticiones de familias que buscan vivienda por 800 o 900 euros al mes que no podemos atender. Hay gente que quiere venir a trabajar a las islas y no puede porque no encuentran nada por debajo de esos valores.
¿Qué zonas de la isla están más afectadas por este problema?
No hay grandes diferencias. El problema está tan extendido que ya se busca cualquier zona. Es más grave entre Palma e Inca y toda el territorio que coincide con el recorrido del tren, pero es una situación generalizada.
¿Esto es sostenible?
No lo es. La población balear está creciendo a un ritmo de 15.000 a 20.000 personas al año. Con una media de 2,5 personas por vivienda, supone una necesidad de 8.000 viviendas anuales, lo que no tenemos. Estamos hablando actualmente de un déficit de 20.000 viviendas.
¿Qué hacemos con los jóvenes cuyos salarios hacen inviable asumir este coste?
A este segmento se le debería dar un enfoque distinto, con nuevas fórmulas y un plan de ayudas económicas.
¿Qué evolución puede tener el precio de los alquileres durante este año?
Me temo que podemos llegar a subidas próximas al 15% o incluso se podría agravar todavía más si no se actúa, lamentablemente.
El problema se agrava al tener que alojar a muchos trabajadores que llegan desde otras autonomías a hacer la temporada turística.
Sí. Nos encontramos con un número creciente de empresas turísticas que nos piden viviendas en alquiler para sus empleados. De hecho, te ofrecen todas las garantías posibles para conseguirlas. Hay muchísima demanda de empresas que prevén problemas a la hora de buscar personal cualificado, y además esas peticiones cada vez comienzan más pronto.
¿No estamos agravando el problema para los residentes?
Es un círculo vicioso. Este es el problema de fondo que deberíamos de abordar. Es necesario un buen plan económico a futuro y prever esto. Más turistas requieren más trabajadores, y además los niveles de ocupación no dejan de crecer.
¿Realmente se ha limitado el alquiler turístico?
Si nos referimos a inmuebles plurifamiliares, cada vez queda menos. Es más ventajoso, sobre todo a nivel fiscal, apostar por los alquileres bajo la Ley de Arrendamientos Urbanos, y además el turístico genera tensiones con los vecinos. Los propietarios no quieren problemas. Otra cosa son las viviendas en rústico, donde se encuentra todo el alquiler turístico que quieres y más. No deja de proliferar, y en algunos casos de forma irregular.
¿El mercado de la vivienda de segunda mano para compra no está también sobrepasado?
Hay mucha más demanda que oferta, es evidente. En época de crisis, se vendían unas 10.000 viviendas al año en las islas, que no son pocas. Desde 2017 se venden entre 15.000 y 18.000 viviendas, y se proyectan 2.500. Faltan inmuebles en el mercado.
¿Cuánto puede crecer el precio de la vivienda usada durante este año?
La situación está algo más estabilizada que la del alquiler. Podemos hablar de porcentajes del 7% al 8%, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de elevada inflación. En cualquier caso, el mercado de la vivienda se ve como una inversión segura, y va a mantener una evolución a alza.
Se comienza a detectar una desaceleración en la adquisición de inmuebles residenciales. ¿Esta tendencia se va a mantener este año?
Están confluyendo muchísimos factores. Uno de los principales es que no hay producto, y por tanto hay pocas ventas. La subida de los intereses en las hipotecas hace que además los posibles compradores se lo piensen dos veces.
Recientemente hubo una comparecencia de patronales vinculadas al sector inmobiliario para denunciar lo que consideran un fracaso de la política de vivienda del actual Govern. ¿Lo comparte?
Ha sido mejorable y no se han cumplido sus previsiones. La edificación de inmuebles de protección oficial ha sido muy inferior a la anunciada y las expropiaciones temporales a los grandes tenedores han sido mínimas y no han ayudado en nada. Deberían activar la Mesa de la Vivienda y al menos escuchar a los expertos del sector, como somos los agentes de la propiedad inmobiliaria, entre otros. Hasta ahora se nos ha escuchado poco en este tema.
Medidas planteadas
Me gustaría saber su opinión sobre algunas medidas concretas. La primera es la desclasificación de urbanizables en el contexto actual.
No le veo mucho sentido. Lo que se debía de haber hecho es animar a ejecutar esos terrenos. En mi opinión, ni las formas ni el momento fueron los correctos.
Limitar las compras de los extranjeros.
Es de difícil aplicación y de dudosa efectividad. Medidas de este tipo hay que estudiarlas bien y, si es posible, evitarlas. El Gobierno central ha confirmado que esta iniciativa no se va a apoyar por cuanto necesita la unanimidad de los Estados miembros de la Unión Europea, lo que es inviable. Y es de dudosa efectividad, a la vista de que en los países en los que se ha aplicado los precios no han dejado de crecer. Además, son iniciativas que generan conflictividad.
Transformar contenedores en viviendas.
Solo la palabra contenedor no refleja lo que se considera una vivienda digna. En cualquier caso, son los técnicos los que deben de decir si se cumplen los criterios de habitabilidad. Creo que es una idea que se ha soltado sin desarrollarla bien.
Elevar la eficiencia energética y el autoconsumo. ¿Eso no puede agravar el problema del precio de los inmuebles?
Esperemos que haya una compensación a las inversiones realizadas en la vivienda por los propietarios. Confiemos en que los esfuerzos realizados para el reparto de las ayudas económicas hagan que la mayoría de los inmuebles inviertan en ese aspecto y se minimice esa posible subida.
¿Qué es lo que no se ha hecho para paliar el problema? Desde el sector inmobiliario se lleva tiempo reclamando poder convertir locales comerciales en residencias, ganar alturas o permitir inmuebles de menor tamaño.
Todas esas actuaciones que ha enumerado son propuestas por profesionales del sector, en el que estamos nosotros. La reconversión de usos de locales comerciales y despachos, con condiciones, sería positiva. Es cierto que hay calles que deben de mantener una actividad comercial, pero hay otras que están desiertas, y en ellas sí se podría plantear esta actuación. Ganar alturas no es fácil en edificios ya existentes. En las nuevas edificaciones es más sencillo y puede ser más interesante, aunque actualmente se hacen pocas. Y habría que incentivar a los propietarios de pisos vacíos, con medidas fiscales y de garantías de cobro, para que saquen todos estos inmuebles al mercado del alquiler a precios asequibles, independientemente de que sea grandes o pequeños tenedores.
Cambiar el rumbo de un sector como el de la vivienda es muy lento. ¿De aquí a cuatro años pueden haber mejorado las cosas?
Depende de la voluntad de los que gobiernan. Si se actúa como he comentado antes, se debe de evitar que todas las islas lleguen a situaciones como las de Eivissa, aunque sus problemas ya están llegando a Mallorca y Menorca.
Situación del sector
Cuando se registra un ‘boom’ en un sector, crece la picaresca. ¿Este problema existe en Baleares?
Sí. Resulta chocante que la actividad de venta de un inmueble, en la que hay que tocar temas urbanísticos, legales, fiscales... no esté regulada. La competencia desleal es manifiesta. Hay casos en los que te anuncian un piso con garaje, y tras firmar la adquisición compruebas que el garaje no lo has comprado, por ejemplo. Y lo mismo sucede a veces con los trasteros. En los inmuebles rústicos hay que ir con mucho cuidado de que no estén fuera de ordenación.
En Baleares va a entrar próximamente en vigor una regulación de su sector. ¿Qué podemos esperar?
Vamos a ver un aumento de la calidad del sector. El que más va a ganar es el ciudadano. Se fijan unas bases para poder ejercer la profesión, como contar con un seguro de responsabilidad civil, y se elevan las obligaciones hacia el consumidor en materia de asesoramiento. Se asegura la cualificación del profesional. Esperamos que entre en vigor durante el mes que viene.
