En Baleares, hablar de vivienda es hacerlo de riqueza y pobreza. Uno de los motivos es la escasez de vivienda pública disponible en contraposición a un mercado libre a precios desorbitados y con pingües beneficios, una dinámica ignorada (e incluso propiciada a nivel legislativo) por los partidos políticos en el poder que ha agrandado en las islas la brecha social. Este diario ha recopilado la información necesaria para dibujar el mapa de la vivienda pública en Baleares y contestar a varios interrogantes.
¿Cuántos pisos públicos de alquiler social se precisarían en Baleares para alcanzar la media europea?
Más de 40.000. Si el archipiélago sumara de golpe esa cantidad, se situaría en ese promedio de la UE, que está en el 9,3% del parque de viviendas principales. Si deseáramos acercarnos a Holanda (con un 35%), ese número debería llegar hasta las 151.295 viviendas públicas. Y si quisiéramos emular a Alemania (6%), alcanzar las 26.000. Los datos son de Eurostat y del Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social.
¿Estamos muy lejos de esas cifras?
Sí. En estos momentos, Baleares cuenta con un parque protegido y público de viviendas promovidas desde 1993 que asciende a 14.265 inmuebles. De todos ellos, 10.427 son pisos que se destinaron o están destinados a la venta. Ahora mismo de este tipo hay 513 en construcción. El resto, 3.707 viviendas, están destinadas al alquiler social. De ellas, 3.032 las gestiona el IBAVI. Esta cifra de pisos en alquiler social también merece un desglose: 857 aún están en construcción, licitación, proyección o firma de convenio. Por lo que a efectos prácticos, el organismo del Govern está ofreciendo de manera real en estos momentos 2.175 pisos, a los que habría que restarle 44 en ocupación ilegal, es decir, 2.131. Un número de viviendas que sólo cubre el 0,4% de hogares baleares. Una cifra minúscula considerando que el 14,8% de hogares isleños está en riesgo de pobreza y tiene problemas para el pago de su vivienda, según la última Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Es cierto que el IBAVI ha impreso en estas dos legislaturas el mayor ritmo de construcción de nuevos pisos sociales de toda su historia, pero son del todo insuficientes. Según sus cálculos, si se continuara con esta intensidad de construcción, en 15 años se podría conseguir un parque público de 20.000 viviendas en régimen de alquiler social y asequible.
¿Por qué estamos en esta situación?
A lo largo de los años, la mayoría de promociones de vivienda pública se ha destinado a la venta, pisos que pasados 30 años perdían la categoría de protección y abandonaban el parque público para pasar al mercado libre. Entre 1981 y 1990, el total de viviendas terminadas en el archipiélago ascendió a 96.280, de ellas, 15.606 eran pisos protegidos; es decir, el 16,2%. El porcentaje descendió en la siguiente década (1991-2000) hasta el 13,1%, con 9.225 pisos. A partir de 2001 y hasta 2019 se hundió con un 3,5%, con 4.017 pisos entre 2001 y 2010, y 589 entre 2011 y 2019. En todas las etapas, las islas han sido la comunidad con el menor porcentaje de vivienda protegida, como Canarias, ambas comunidades las más turísticas y con mayor demanda de segundas residencias. En estos momentos, las comunidades autónomas con mayores parques de vivienda protegida en alquiler son Andalucía y Cataluña. Hay que señalar también que fue entre 2011 y 2019 cuando el incremento de hogares baleares (su población) superó el número de nuevas viviendas, por lo que se rompió el equilibrio. El acceso a la vivienda podría agravarse si se confirman las previsiones de incremento poblacional del INE para 2037 para Baleares, que está en un 27%. Así, el archipiélago precisaría, según el economista especializado en Vivienda Eduardo Robsy, entre 80.000 y 90.000 viviendas adicionales. En estas dos legislaturas se ha dado un giro a la política hasta ahora desarrollada. Se ha aprobado una ley según la cual se garantiza que la vivienda pública y protegida lo sea siempre (no pase al mercado libre) y no pierda nunca su calificación. También se ha decidido que toda la vivienda construida o adquirida por el IBAVI se destine a partir de ahora al alquiler social y no a la venta.
¿En qué legislatura se ha invertido menos?
En la de 2011-2014, cuando gobernaba el presidente del PP José Ramón Bauzá. Durante su mandato no se impulsó la construcción de ninguna promoción nueva por parte del IBAVI. La única que se trabajó internamente fue la de Formentera «porque tenía subvención europea y ya se había iniciado en 2009. Sí se entregó alguna promoción, pero fueron pisos iniciados en la legislatura del socialista Francesc Antich», recuerda la directora general de Vivienda Cristina Ballester. Asimismo, en dicha legislatura se intentaron enajenar tres solares reservados para VPO. Sólo se vendió uno, el del Baluard del Príncep, donde ahora hay un hotel. «Tampoco se interpuso ninguna denuncia por ocupación ilegal de las viviendas del IBAVI ni se tomaron medidas contra la morosidad injustificada en los pagos de la renta».
¿Cuánta gente hay en lista de espera?
El IBAVI ha actualizado recientemente la relación de demandantes de un piso público. Hay 4.638 familias inscritas pendientes de recibir una casa en alquiler: 3.418 de Mallorca, 441 de Menorca, 781 de Eivissa y 32 de Formentera.
¿Qué han hecho los ayuntamientos?
El único consistorio que ha iniciado la construcción de pisos públicos con presupuesto propio en esta legislatura es Calvià. Se están construyendo 123 viviendas: 24 en Magaluf y 99 en Santa Ponça. El resto de ayuntamientos no ha construido nada, incluido el de Palma, que concentra una tercera parte de la población balear. El consistorio palmesano sí cedió en la anterior legislatura seis solares para construir vivienda pública. En estos momentos, el parque de pisos públicos en Palma para alquiler social es de 389, todos ellos para los usuarios más vulnerables de los servicios sociales municipales. Consistorios que no han cedido suelo al IBAVI para vivienda pública: Andratx, Bunyola, Estellencs, Banyalbufar, Escorca, Alaró, Santa Maria, Consell, Binissalem, Selva, Maria, Sineu, Pollença, Lloret, Mancor, Campanet, Búger, Sencelles, Llubí, Santa Margalida, Algaida, Campos, Felanitx, Manacor, Montuïri, Ses Salines, Sant Joan, Santanyí, Son Servera, Ariany, Artà, Llucmajor, Petra, Porreres y Vilafranca. Sólo uno gobernado por el PP en pacto con Cs y El Pi sí lo ha hecho: Sóller.
¿Podría incrementarse el esfuerzo actual de construcción de vivienda pública?
El experto Eduardo Robsy cree que sí. «Hay que asegurarse de que en cada parcela urbanizable se haga el número máximo de viviendas posible», sostiene. «Ante la emergencia, hay opciones de construcción más rápidas y sencillas, no todo debe ganar un premio», añade. «Con los mismos recursos se podría estar haciendo más vivienda convencional», opina. También cree que en las licitaciones con las constructoras no deben imponerse criterios arquitectónicos, «sí unas características mínimas», para evitar que los concursos queden desiertos. Aboga asimismo por fórmulas mixtas donde se implique al sector privado. «Está la cesión de suelo mediante el derecho de superficie a los promotores: éstos construyen las viviendas y tienen la concesión de su alquiler durante un número de años para amortizarlas. Una vez vencida, la Administración se queda con esos pisos en propiedad. «La fórmula también podría aplicarse para construir vivienda de alquiler asequible enfocada a la clase media, a la que también hay que atender y no olvidar».
