Los consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera podrán participar en el grupo de trabajo para limitar la compra de viviendas por parte de no residentes en Baleares después de que el Parlament aprobara ayer una iniciativa para instar al Govern a permitirlo. Además exigen que se remita en el plazo de un mes el plan de trabajo a todos los grupos parlamentarios para que tengan la información. Hasta el momento participan las consellerias de Presidencia, Vivienda y Hacienda, la Abogacía de la Comunidad Autónoma y la Universitat de les Illes Balears (UIB).
El Govern balear anunció ayer que seguirá adelante con su intención de limitar la compra de viviendas pese a la negativa del Gobierno central. La consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, afirma que «no entendemos que sea una negativa» y apuesta por seguir negociando con Europa y España porque «el Gobierno se limita a decir cuál es la legislación europea y española», pese a que en la carta enviada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez se explicitaba que cualquier restricción «por razones de orden público o de seguridad pública deberá ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria». Además recordaban que el artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea prohíbe «todas las restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países» y añadían que esta libertad de circulación de capitales «ampara el derecho de los ciudadanos europeos a adquirir segundas residencias en otro Estado de la Unión».
Garrido considera que, al menos desde el Govern, no se han creado grandes expectativas con este tema y reitera que se trata de una problemática «compleja» que afecta al derecho europeo: «Siempre hemos dicho que la limitación podría ser una de las soluciones al problema de la vivienda, pero no podemos apostar todo a una carta porque sería engañar a la gente», en una alusión directa a sus socios de Unidas Podemos y Més per Mallorca, porque fueron ellos los primeros en poner sobre la mesa esta propuesta.
En esta línea la consellera pone el foco en la importancia del grupo de trabajo creado por el Govern en diciembre del año pasado que tiene como objetivo principal elaborar estudios técnicos para conocer qué debería cambiar para poder limitar o regular la compraventa de viviendas a no residentes: «Hay que tener los informes previamente para poder hacer una buena negociación con el Estado y la UE. Somos unas islas con un territorio muy limitado y con muchísima presión demográfica, hay que trasladar esta especificidad a Europa».
El vicepresidente del Govern y dirigente de Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, tiene una visión más optimista. Asegura que sí se podría limitar la compra a no residentes «siguiendo la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)» porque, a pesar de que la normativa europea es «enormemente restrictiva» en cuanto a la prohibición de adquirir segundas residencias en otros estados de la Unión, «no cierra la puerta definitivamente» a que se puedan establecer limitaciones a la adquisición de viviendas en otros territorios: «Las circunstancias por las que pasamos en Baleares son absolutamente excepcionales, por lo que la ‘excepción balear’ sí puede tener acogida por parte del TJUE y, por tanto, desearíamos que el Gobierno acogiera esta reivindicación». En este sentido reclama a sus socios del PSOE que «no se resignen alegando lo restrictivo de la legislación o de la jurisprudencia europea». «Todo el Govern es consciente de que, si existe una máxima preocupación que afecta a los ciudadanos de Baleares, es el acceso a una vivienda digna», añade.
Podemos, muy crítico
Desde Unidas Podemos van más allá en sus críticas a los socialistas y aseguran que la negativa del Gobierno proviene «de la parte del PSOE» y no de su partido: «Nuevamente nos encontramos ante una negativa con nuestras propuestas, pero estamos acostumbrados a que nos digan que no se puede». Sin embargo apelan a sus socios para que les apoyen en esta reivindicación y exigen «que se haga ya».
Por su parte la dirigente del partido en las islas, Antònia Jover, carga contra el PSOE por ser «más sensible las presiones del lobby inmobiliario antes que al drama de miles de familias de las islas, que tienen problemas para encontrar una vivienda digna» y asegura que el mercado de la vivienda en las islas «se mueve bajo unas lógicas que no responden a las necesidades de la ciudadanía de aquí, sino a un mercado exógeno de cariz especulativo».
