Tras el canto triunfante por el aval del Tribunal Supremo a la prohibición del alquiler turístico en los pisos de Palma, toca analizar la cruda realidad. La oferta ilegal no se ha erradicado, si bien es cierto que es mucho menor a la que había con anterioridad al 26 de julio de 2018, cuando el exalcalde y ahora regidor Antoni Noguera consiguió que la capital balear se convirtiera en la primera ciudad española en decretar el veto. Palma llegó a tener 25.000 pisos turísticos. A fecha de hoy, 12 de febrero, en pleno invierno, se anuncian casi 2.000 en Airbnb. Son muchos menos, pero aún queda camino por recorrer para bajar hasta 621, que es el número de viviendas total con licencia oficial en Palma para operar como viviendas vacacionales. Con estos números, se puede afirmar que el 70% de la oferta en la plataforma es ilegal.
En Ciutat, las licencias de alquiler turístico para todo el año se han otorgado a unifamiliares, a chalés. El alquiler turístico en unifamiliares entre medianeras quedó restringido a un máximo de 60 días al año. Licencias de este segundo tipo hay nueve en Palma.
Además de la capital balear, hay otros 17 municipios donde en estos momentos es posible detectar oferta ilegal si se compara el número de anuncios de Airbnb con el de las licencias vigentes, cuyos datos ha conseguido Diario de Mallorca y se pueden consultar en la tabla que acompaña esta información.
Asimismo, hay que tener en cuenta que las estimaciones realizadas son aproximativas porque la oferta de vivienda turística no se concentra absolutamente toda en Airbnb, sino que hay otras plataformas en internet y agencias inmobiliarias que operan tanto aquí como directamente en el extranjero. Incluso en zonas costeras, es posible que los contactos para conseguir inquilinos no se estén anunciando en internet, por lo que es oferta mucho más difícil de rastrear.
Por orden y en porcentajes, los otros municipios con mayor oferta ilegal (todos muy lejos de Palma) según los datos que recoge Inside Airbnb son: Llubí (40%), Ariany (34%), Búger (33%), Costitx (33%), Escorca (30%), Inca (26,25%), Muro (25%), Selva (23,4%), Alcúdia (20,75%), Petra (20%), Calvià (20%), Sa Pobla (14,4%), Santa Margalida (12%), Pollença (8%), Mancor (7,5%), Campanet (6,5%) y Lloseta (5%).
Municipios entregados al ‘airbnb’
Pollença es el municipio donde hay más licencias y también más anuncios. Si se miran las plazas legales de alquiler turístico, 14.194, son casi dos mil menos que habitantes tiene el municipio. La geógrafa Nora Müller analizó en un estudio la historia pollencina del alquiler vacacional. «Pollença fue pionera en transformar sus casas de fora vila en chalés para este tipo de arrendamientos. El safareig se convirtió en una piscina y el campo de tomates en césped. Muchas de estas ampliaciones se hicieron sin permiso urbanístico», comenta. La práctica se extendió tanto en el municipio que se convirtió también «en una manera de mantener el estatus social. Los ingresos de este tipo de alquiler ayudaban a la gente a mantener sus fincas, es decir, su poder territorial».
Alcúdia y Santanyí congregan también un elevado número de licencias, muy concentradas en los puntos más cercanos a la costa.
Multa de 20.000€ por realquilar la casa a turistas en Ibiza
El Consell de Ibiza ha interpuesto una sanción de 20.000 euros a un ciudadano extranjero por comercializar una vivienda turística ilegal en la localidad de Sant Jordi, en el término municipal de Sant Josep. El comercializador de la casa era el inquilino de la vivienda. El propietario del inmueble quedó libre de la multa tras denunciarle por la vía penal. Hay que recordar que según la ley vigente las multas pueden alcanzar hasta los 40.000 euros. En Mallorca, el Consell cuenta con un total de 15 inspectores para cualquier tipo de establecimiento turístico, no sólo viviendas vacaciones. La institución está en trámites de contratar a cinco más.
