La pretensión del ministerio de Transportes de privatizar la gestión de la torre de control de Son Sant Joan ha provocado una inusual alianza, al unir a Unidas Podemos, Més y Partido Popular a la hora de criticar esta iniciativa, que se contempla como «un golpe a los intereses estratégicos de Balears», un paso «en la dirección opuesta a la mayor cogestión aeroportuaria» y como un avance en el «modelo de saturación, al ver las islas como una oportunidad de negocio sin pensar en los residentes y en sus intereses».
Por su parte, el Govern anunció que la conselleria de Movilidad ha iniciado ya los contactos con el Ministerio y le ha expresado su temor ante las repercusiones de la medida, y su preocupación por la situación de la plantilla formada por los 55 trabajadores de la torre de control, especialmente en caso de no producirse la subrogación con el nuevo proveedor, como ocurrió en procesos similares.
La polémica se disparó durante el día de ayer después de que desde el sindicato de controladores USCA se anunciara esta medida en un comunicado interno, que posteriormente fue confirmada desde el Gobierno, anunciando que próximamente va a publicar una orden ministerial que será sometida a audiencia pública para liberalizar el control aéreo de varios aeropuertos, entre ellos el de Palma junto a Málaga, Tenerife Norte y Sur, Gran Canaria, Bilbao y Santiago.
La primera reacción llegó desde las filas de Més, y más concretamente del senador Vicenç Vidal, que se declaró «horrorizado» ante esa medida y reclamó la comparecencia de la ministra Raquel Sánchez para que dé explicaciones sobre una iniciativa que en su opinión «daña claramente los intereses estratégicos de Balears».
Vidal lamentó además que «la torre de control de Palma es, desde hace décadas, una de las menos dotadas y con menos trabajadores del Estado», además de considerar que la privatización va a «reafirmar la tendencia centralizadora y destructora de los servicios públicos».
Ayer mismo el senador valenciano Carles Mulet, perteneciente al grupo Izquierda Confederal en el que se encuentra Més, registró un paquete de preguntas al Gobierno en relación a este tema.
Durante la mañana también salió a la palestra la coordinadora general de Podemos Balears, Antònia Jover, al anunciar que el partido pedirá explicaciones al ministerio de Transportes, y declararse contraria a una medida cuya autoría achacó al «ala derecha del Gobierno de coalición». Insistió en que se está implantando un modelo de saturación de las islas que solo busca hacer negocio sin tener en cuenta los intereses de los baleares y beneficiar los intereses de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
El PP se suma a las críticas
Las críticas las completó por la tarde la presidenta del PP balear, Marga Prohens, que además de anunciar que su partido pedirá explicaciones en el Congreso, subrayó que «no entendemos qué criterios sigue la privatización de la torre de control de Palma ni a qué responden las prisas del PSOE con esta cuestión».
Además, la líder conservadora hizo hincapié en que esta iniciativa «va en la dirección opuesta a lo que siempre hemos defendido desde el Partido Popular, que es una mayor cogestión aeroportuaria».
Por su parte, desde el sindicato USCA se evitó hacer declaraciones sobre este caso, más allá de expresar su oposición a los procesos de privatización del control aéreo, alegando que solo buscan más beneficios para AENA y suponen deteriorar las condiciones laborales de su personal sin que eso beneficie a los pasajeros con un abaratamiento de los billetes de avión. En cualquier caso, se recordó que el control se mantiene en manos de profesionales, por lo que no conlleva una pérdida de seguridad aérea.
