La número dos del ministerio de Irene Montero, Ángela Rodríguez, secretaria de Estado de Igualdad, calificó ayer de «violencia contra las mujeres» la infiltración del agente mallorquín de la Policía Nacional en movimientos sociales en Barcelona que, según la querella presentada el pasado martes, mantuvo relaciones sexoafectivas con varias mujeres bajo una identidad falsa.
Daniel H. habría permanecido más de dos años camuflado en ambientes anarquistas para espiarlos, hasta que fue descubierto y el Ministerio del Interior le ha apartado ‘premiándole’ con un traslado a una embajada, revela El País, un destino bien pagado que le permite poner tierra de por medio en plena vorágine mediática y con una causa judicial abierta. El caso lo destapó el pasado lunes el semanario La Directa cuando identificó al treintañero mallorquín con cresta, conocido en la capital catalana como Daniel Hernández Pons, como el policía Daniel H.
En una entrevista en la emisora RAC1 —recogida por EFE— la secretaria de Estado de Igualdad declara ser «respetuosa» con el proceso judicial. Cinco mujeres vinculadas al movimiento okupa y anticapitalista han presentado una querella en los juzgados de Barcelona en contra de Daniel H. porque aseguran que las utilizó mientras estuvo infiltrado en movimientos sociales y sindicales entre los años 2020 y 2022.
Pagos de Bizum
El caso de este policía mallorquín habitual en el centro social okupa barcelonés de La Cinètika, entre otros ambientes, se suma al del agente menorquín descubierto el pasado mes de junio; se había introducido en el movimiento político de izquierda independentista catalana. Los falsos apellidos de ambos coincidían en sus pagos de Bizum: Hernández Pons.
El mallorquín ingresó en la academia de formación policial, en Ávila, a finales de 2017. Se graduó en junio de 2019 y desde la Comisaría General de Información, que investiga delitos de origen ideológico, se coordinó su infiltración.
La secretaria de Estado de Igualdad ve preocupante estas "conductas reprochables"
Rodríguez afirma que «como mujer» ve «preocupante» que «aquellos que tienen que proteger los derechos de las mujeres puedan estar haciendo conductas reprochables y habrá que ver si constitutivas de delito».
En la querella se acusa al policía y a su superior de aprovecharse de las activistas. Le han denunciado por delitos de abusos sexuales continuados, tortura o contra la integridad moral, descubrimiento de secretos e impedimento del ejercicio de los derechos civiles.
«Con claridad y rotundidad», Rodríguez afirma que «esto es violencia contra las mujeres, llamémosla con el apellido que la queramos llamar. Se ha hablado de política institucional, pero desde luego es violencia contra las mujeres».
«Cuanto antes se pueda hacer justicia, mejor será para la reputación de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Es una conducta absolutamente reprochable», advierte Rodríguez.
"Cuanto antes se pueda hacer justicia, mejor será para la reputación de las fuerzas y cuerpos de seguridad"
El pasado sábado centenares de personas se manifestaron contra «el espionaje de Estado sin escrúpulos, solidaridad sin límites», como rezaba la pancarta de la cabeza de la concentración, con gritos contra el «Ministerio del Interior, cómplice y torturador».
Unidas Podemos, ERC y la CUP reclaman la comparecencia en el Congreso del ministro Fernando Grande Marlaska, para que dé explicaciones por este caso. El Govern catalán también las reclama.
