El pleno del Parlament aprobó este miércoles la Ley Menorca Reserva de la Biosfera, que otorga al consell insular instrumentos para, entre otras cuestiones, limitar la entrada de vehículos, actuar en materia de recursos hídricos y litoral, así como gestionar la figura de reserva de la biosfera, cuando se cumplen 30 años de esta declaración por parte de la Unesco.
La nueva norma abre la puerta también a limitar los fondeos en el litoral, medidas de apoyo al sector primario, así como el fomento del consumo de producto local. Se crea también un mecanismo especial de financiación de cinco millones de euros con aportación del 75% por parte del Govern y del 25% por parte de la institución insular, cuyo destino deberá fijar una comisión y que servirá para financiar actuaciones de mejora de transporte público e impulso de energías renovables.
Al pleno asistió la presidenta del Consell de Menorca, Susana Mora, junto a otros cargos de la institución insular, así como miembros del GOB Menorca.
«Día histórico»
El conseller insular de Medio Ambiente y portavoz de Més per Menorca, Josep Juaneda, señaló que se trata de un «día histórico» para los menorquines y reivindicó que su grupo «se supo plantar» para que el consell insular «aprobara la ley que los menorquines habían decidido». Juaneda subrayó que la nueva ley garantiza el futuro y el bienestar de los ciudadanos y que las próximas generaciones puedan tener calidad de vida en un entorno sostenible. Al mismo tiempo, defendió que los problemas de los menorquines «se resuelvan en Menorca».
Por su parte, la consellera insular de Trabajo, Vivienda y Cooperación Local y portavoz de Unidas Podemos (UP), Cristina Gómez, resaltó la aprobación de una ley «pionera» a nivel estatal. También destacó que PSIB, UP y Més «hayan sabido recapacitar y superar los obstáculos a mitad de la negociación».
Petición al Consultiu
Durante el debate de la proposición, el diputado del PP Juan Manuel Lafuente, que defendió, además, la petición, finalmente rechazada con 24 votos a favor y 32 en contra, del dictamen al Consell Consultiu, lamentó que se «haya perdido una oportunidad importante». Según Lafuente, se ha aprobado una «mala ley» para los menorquines y para la ciudadanía en general y que genera «gastos forzosos» que tendrá que asumir el consell insular. El diputado ‘popular’ recordó asimismo que la directora de la Abogacía de la CAIB, que fue diputada socialista, recomendó pedir el dictamen. Sobre este asunto, el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, recordó que «aquel supuesto informe nunca existió, sino que era un borrador».
