Los sistemas diseñados para compensar económicamente a las empresas constructoras que realizan obra pública por las subidas de costes no previstas han tenido un funcionamiento claramente deficiente, y desde la patronal del sector se lamenta tener solo constancia de algún caso en el que esta ayuda se ha hecho efectiva por parte del Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI).
En marzo del pasado año el Govern se adhirió al sistema de revisión de precios estatal y a finales de ese mes aprobó su propia fórmula de compensación autonómica. El día 8 de noviembre se acordó la obligatoriedad de esas revisiones para los municipios.
Pese a todo ello, entre marzo de 2022 y el presente mes de enero la asociación balear de constructores tiene constancia de que 87 proyectos de obra pública, por valor de 74,2 millones de euros, han quedado desiertos, al no haber ninguna empresa que quisiera ejecutarlos por el precio marcado por la Administración. De ellos, 20 son posteriores al mes de noviembre.
Los ayuntamientos de las islas son los que presentan el peor balance en esta materia, con 52 licitaciones desiertas en 10 meses, con un valor de casi 28 millones de euros. En el caso del Govern, 19 concursos no encontraron a ninguna empresa dispuesta a participar, con obras por valor de 38,7 millones. Los Consells Insulars han registrado nueve de estos casos, por un valor de 5,5 millones de euros, mientras que la Administración estatal contabiliza siete obras desiertas, por un importe de dos millones.
El problema radica en que el sistema de compensación autonómico para paliar los sobrecostes que se puedan registrar va a desaparecer, quedando solo el estatal, lo que desincentiva a las empresas constructoras.
