Cruce de acusaciones entre el PSIB y Més per Mallorca por la exoneración del catalán en el proceso de estabilización de la sanidad balear. Ambos partidos se acusan de «deslealtad» después de que los ecosoberanistas anunciaran que convocarán el Consell Social per la Llengua si no lo hace la presidenta del Govern, Francina Armengol. Los nacionalistas, junto a la Obra Cultural Balear (OCB), han movido ficha para presionar a los socialistas.
La líder del Ejecutivo balear preside el Consell Social per la Llengua, pero como en enero se cumple un año desde la última reunión cualquiera de los tres vicepresidentes puede convocarlo y emitir un informe contrario a los posicionamientos del Govern. El secretario autonómico de Universidad, Miquel Àngel Sureda (Més); la directora general de Política Linguïstica, Beatriu Defior, y el presidente de la Obra Cultura Balear, Joan Miralles, son los vicepresidentes que pueden convocar el órgano consultivo.
La portavoz del PSIB en el Parlament, Pilar Costa, quiso transmitir ayer en rueda de prensa que el Govern es «estable» después de aprobar los octavos presupuestos y asegura que tienen una «hoja de ruta pactada y compartida» pese a que hay diferencias entre los partidos: «Nos une el servicio progresista».
La realidad dista mucho de ser así, sobre todo en estos momentos en los que existe una gran tensión por el anuncio de posibles dimisiones de altos cargos de Política Lingüística que pertenecen a Més. Los nacionalistas reiteran que la ciudadanía tiene el derecho a ser atendida en la lengua propia de Baleares: «No podemos tener un funcionario que de por vida no demuestre conocimiento de la lengua propia».
Además de la oposición frontal de los ecosoberanistas y Podemos a la exoneración del catalán, en los últimos días se han sumado a las críticas tanto Més per Menorca como El Pi. La formación menorquina recuerda a Armengol que «hay que cumplir el Estatuto de Autonomía», donde se establece que tienen derecho a dirigirse en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Así, pide al Govern que «recapacite» y cumpla con la ley y los derechos de los ciudadanos. Asimismo apunta que «si la presidenta Armengol quiere volver a gobernar cuatro años tendrá que modificar esta normativa en el momento en que se someta a una nueva investidura si quiere obtener el voto de Més per Menorca».
Los regionalistas de El Pi consideran «muy grave» y una «deslealtad» que el Govern no cumpla con la normativa referente al personal de Salud: «Estamos hablando de un proceso de estabilización, eso quiere decir que ese personal ya ocupa plazas de forma interina y pasara a hacerlo de forma definitiva, así que no tiene ningún sentido hablar de déficit de plazas».
Quien también habló sobre la crisis del Pacto fue la presidenta del PP balear, Marga Prohens, porque las islas tienen «la peor sanidad pública de todo el país» e ironiza sobre las amenazas de Més per Mallorca: «Habrá las mismas dimisiones que hubo con la autopista de Campos, con el patrocinio del Real Mallorca o con la promoción turística».
