La ministra Ione Belarra, a favor de limitar la compra de viviendas por parte de no residentes en Baleares

La dirección autonómica del partido exige al Estado que habilite a Baleares para negociarlo con la Unión Europea. La coordinadora del partido en las islas, Antònia Jover, afirma que «restringir la compra de vivienda a las personas no residentes en las islas se puede hacer y hay un camino jurídico que empieza por que el Estado habilite al Govern, así como se desprende de la jurisprudencia europea». Esta petición contrasta con las declaraciones a este diario de la presidenta del Ejecutivo autonómico, Francina Armengol, en las que apostaba por que sea España quien lo negocie: «Necesitamos que España lo asuma y negocie con la Unión Europea».

La formación ha presentado la primera parte del estudio que se ha encargado al Observatorio DESC sobre la situación de la vivienda y la posibilidad de que solo puedan comprar inmuebles las personas residentes en las islas. Jover asegura que «damos un mensaje de esperanza a la sociedad: la limitación de la compra de viviendas a no residentes es posible si hay voluntad política».

En este sentido pide un «frente común» al resto de partidos con representación en el Congreso de los Diputados para llevar a cabo la habilitación por parte del Estado para que Baleares pueda legislar sobre esta materia teniendo en cuenta sus particularidades.

Alfredo Palomera y Miguel Ruiz, miembros del Observatorio DESC, han realizado un diagnóstico de la situación de la compra y la venta de vivienda a petición de Podemos y de la situación del mercado del alquiler. Según detallan, las islas viven una situación de «extrema gravedad» y su propuesta va enfocada a llevar a cabo una excepción balear para afrontar el problema de la vivienda así como se llevó a cabo una excepción ibérica desde Europa para regular los precios del gas.

 «De 2020 a 2021 las compras de suelo han aumentado un 100%. La compra de suelos por parte de no residentes ha aumentado un 93% y el valor medio del precio de compra en las Balears es el más alto de todo el Estado: 408.173 euros», aseguran.

Asimismo, los investigadores manifiestan que de 2019 a 2022 el precio se ha incrementado un 75 por ciento y dobla la media del Estado. Una de las conclusiones sobre este diagnóstico es que Baleares tiene unas lógicas del mercado de la vivienda diferentes al resto del país, lo que provoca que las islas sean un territorio «exógeno a la realidad española» en este tema, destaca Palomera, quien añade que «lo que deducimos de estos datos es que no es la nacionalidad de los compradores lo que explica el problema de inaccesibilidad a estos precios, sino al alto poder adquisitivo de los compradores, que no residen aquí».

«Hemos comparado los datos de la encuesta de condiciones de vida de los hogares de Baleares con los topes establecidos para poder acceder a una vivienda de protección oficial y hemos visto que el 81% de los hogares de las islas podría acceder a una vivienda protegida», explican.

Ruiz asevera que «uno de los escollos de los que se habla es que el derecho en la Unión Europea podría ser un problema, pero el estudio demuestra que sí que hay una puerta jurídica. Después de analizar más de una docena de casos similares declaran que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es «muy claro»: «Explica que este tipo de medidas son compatibles con el derecho de la Unión Europea siempre y cuando sean necesarias, proporcionadas y que haya razones de interés general, hecho que los datos demuestran por sí solos». Por último Ruiz recalca que «el tribunal de Justicia de la Unión Europea especifica que no tendría ningún tipo de justificación el aplicarlo en todo el Estado, pero sí que vemos una puerta abierta a hacerlo solo en Baleares. En ese sentido, el derecho comunitario iría a nuestro favor».