Cristóbal Martell, el nuevo abogado de Dani Alvés, el exfutbolista brasileño del F.C Barcelona acusado de haber agredido sexualmente a una mujer en la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre, tuvo en Mallorca una actuación clave en dos de los casos de corrupción más importantes de la historia judicial de Baleares: el caso Nóos y el caso Can Domenge, así como en la reducción de pena que logró el supuesto mafioso ruso Alexander Romanov por blanqueo de capitales.
En caso Nóos, Martell, de 52 años, un experto penalista, discreto, afable y uno de los más hábiles negociadores, representó a Marco Antonio Tejeiro Losada, contable del Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, de quien además era su cuñado. Martell libró a Tejeiro de la cárcel, al que el juez Castro imputaba 17 delitos en su auto de fin de instrucción, al llegar a un pacto de conformidad con la fiscalía y confesar los hechos.
Asesorado por Cristóbal Martell, Tejeiro se convirtió en el primer arrepentido del caso Nóos y hundió con su confesión a al exduque de Palma y a su socio Diego Torres. Declaró que el instituto sin ánimo de lucro de Urdangarin, y otras dos fundaciones que le sucedieron, fueron en realidad una trama ideada y dirigida por Iñaki Urdangarin y su cuñado Diego Torres. Sin embargo, no incriminó en los hechos a la infanta Cristina, ni a sus hermanos Miguel y Ana María, esta última cónyuge de Torres.
La confesión de Marco Antonio Tejeiro fue el resultado de una larga negociación que mantuvo Cristóbal Martell, con el fiscal. Para evitar su ingreso en prisión, Tejeiro aceleró un acuerdo con el Ministerio Público, comprometiéndose a reconocer las irregularidades que Urdangarin y Torres cometieron al frente del Instituto Nóos.
Denunció el caso Can Domenge en nombre de José Luis Núñez
En el caso Can Domenge, que terminó con la condena de la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar y la cúpula de Unió Mallorquina, Cristóbal Martell representó al empresario de la construcción y ex presidente del F.C Barcelona José Luis Núñez, el denunciante original del caso. Con el asesoramiento de Martell, Núñez, denunció a los líderes del Consell y de UM ante los Tribunales en 2006 al sentirse perjudicado por el amaño del concurso.
No en vano, su empresa ofreció 60 millones de euros a las arcas públicas por el solar y sin embargo el Consell se lo adjudicó a Sacresa pese a que ofrecía la mitad. La Audiencia condenó a Maria Antònia Munar a tres años por el caso, que se sumaron a los más de 11 años que ya pesaban sobre la exlíder de UM por otros casos. La expresidenta del Consell de Mallorca, del Parlament y del extinto partido Unió Mallorquina no admitió su participación en el cohecho hasta el juicio ante el jurado, en cuya última sesión, el 4 de octubre de 2016, se disculpó tras asumir su culpa: "Lo siento mucho, pido perdón", dijo.
Redujo la petición de pena al supuesto mafioso ruso Alexander Romanov
Alexander Romanov, supuesto testaferro de la mafia rusa en Mallorca, fue detenido en Peguera en diciembre de 2013 y acusado de blanquear en Mallorca, a través de inversiones turísticas, entre ellas la adquisición del hotel Mar i Pins, unos 14 millones de euros. El dinero supuestamente procedía de actividades ilegales en Rusia y Romanov fue enviado a la cárcel con una petición de 17 años de condena. En abril de 2016, un mes antes del juicio decidió prescindir del abogado Marcos García Montes y confió su defensa a Cristóbal Martell.
García-Montes hizo mucho ruido. Desplegó una campaña en internet, a través de la esposa de Romanov, recogiendo firmas para exigir la libertad del supuesto mafioso ruso e impugnó la mayor parte de la documentación judicial existente, intentando demostrar que Romanov era solo un ciudadano ruso que había decidido cambiar de vida en Mallorca, pero todos sus intentos fueron vanos. Cristóbal Martell, en cambio, a solo un mes del juicio, consiguió reducir la petición de 17 años a tres años y nueve meses de cárcel gracias a un pacto con la fiscalía a cambio de reconocer ante el tribunal los delitos de blanqueo de 1,6 millones de euros, falsedad continuada de documento mercantil y revelación de secretos, así como la entrega de un hotel del hotel Mar i Pins en concepto de multa.
