El Parlament, con los votos del Pacto, dio ayer luz verde a las medidas urbanísticas que propugnan un frenazo sin precedentes a nuevas urbanizaciones de Baleares. La Cámara validó como ley el decreto 10/2022 que aplica duras restricciones a los ayuntamientos a la hora de permitir nuevos desarrollos urbanos. La norma, de medidas urgentes en materia urbanística, no permitirá que ningún municipio de las islas autorice nuevos crecimientos si en sus planeamientos territoriales cuenten con un 15% de suelo sin construir. Asimismo, limita las piscinas en suelo rústico a una por finca y a un máximo de 35 metros cuadrados.
Desde la oposición, especialmente el PP, criticaron que todas estas medidas provocarán un incremento del precio de la vivienda, en la misma línea que denunciaron los promotores. El conseller de Medio Ambiente, Miquel Mir, aseguró que «es falso que la regulación territorial tenga nada que ver con el precio de la vivienda y en el caso de suelo rústico se ha utilizado de forma general para especular y darle usos turísticos». Mir incidió en que el decreto pone las bases a la «contención urbanística».
El diputado del PP Sebastià Sagreras replicó al titular de Medio Ambiente: «Es un decretazo que va en contra de la autonomía de los municipios y de los pequeños propietarios y agrava aún más el problema de la vivienda quitando de en medio suelo urbano que podía convertirse en viviendas, que es el principal problema de Balears».
El conseller Mir dice que «es falso» que las medidas encarecerán aún más el precio de la vivienda en las islas
El diputado socialista Joan Ferrer arremetió contra el PP por favorecer la especulación y reclamó «acabar con el modelo expansionista y desarrollista» que «nada tiene que ver con la libertad»
El Pi fue el único partido de la oposición que se abstuvo. Josep Melià, portavoz regionalista, explicó que están en contra de las medidas restrictivas, pero apoyan el decreto por las desclasificaciones. No obstante añadió: «Es contradictorio desclasificar suelo urbano y luego permitir desarrollos como los que contempla el Plan General de Palma», al tiempo que criticó el «galimatías normativo».
Marc Pérez-Ribas, de Ciudadanos, incidió en la falta de diálogo del Govern con los consells y los municipios, «los principales afectados», y criticó el «intervencionismo» del Pacto.
Entidades ecologistas y defensoras de los derechos de la vivienda aplaudieron las nuevas normas impulsadas por el Govern para frenar el desarrollo urbanístico.
Modificada la LECO | El Govern podrá declarar parques naturales sin una ley
La Cámara Autonómica aprobó también ayer la modificación de la Ley de Conservación de Espacios de Relevancia Ambiental (LECO) para permitir al Govern declarar parques naturales de forma directa y sin una ley especifica mediante un Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) previo. Esta modificación salió adelante al existir amplio consenso entre los partidos del Pacto.
Los cambios en la LECO, impulsados por Medio Ambiente, otorgan al Ejecutivo mediante un simple acuerdo de Consell de Govern la posibilidad de suspender licencias de todo tipo y concesiones administrativas en zonas donde se piensa impulsar una protección ambiental del territorio.
