El Govern balear ha aprobado este lunes un decreto para garantizar la accesibilidad de todas las personas, especialmente en los espacios públicos virtuales, como páginas web o redes en línea de la Administración.

La consellera de Presidencia, Igualdad y Función Pública, Mercedes Garrido, ha explicado en rueda de prensa que el texto pretende regular no solo los elementos que tienen que ver con las barreras arquitectónicas, como las rampas, sino que también se plantearán una serie de medidas y requisitos para que los sitios virtuales sean utilizables y comprensibles. El objetivo es que todos los ciudadanos puedan acceder de una forma fácil y cómoda.

El decreto "llega un poco tarde"

Garrido ha admitido que el decreto en cuestión, que entrará en vigor un mes después de su publicación en el BOIB, "llega un poco tarde", en concreto un año después de lo previsto: "La pandemia nos hizo frenar la intensidad de trabajo", ha asegurado.

El texto ha llegado finalmente este mes de enero de la mano del Govern con el resto de instituciones, entidades del tercer sector, la FELIB, varios colegios profesionales, y también entidades económicas de las islas.

"Que las personas tengan la capacidad de acceder a cualquier espacio virtual, usarlo, interactuar, comprenderlo y salir con facilidad e independencia" es uno de los objetivos principales del decreto, ha explicado la consellera.

Limitaciones cognitivas

Además, el texto pone por primera vez sobre la mesa los derechos de las personas con discapacidades o limitaciones cognitivas en el archipiélago. La Ley de Accesibilidad Universal de Baleares aprobada en 2017 no incorporaba este tipo de condición. Sin embargo, sí la contemplaba la ley estatal del año 2018.

Entre las medidas que se pondrán en marcha, las administraciones deberán simplificar las autorizaciones para que las personas instalen elementos de acceso, como rampas, ocupando el espacio público. "Todos recordamos distintos casos de usuarios que han pasado un calvario para obtener una autorización municipal para poner una rampa", ha añadido Garrido.

Inversión en accesibilidad

El decreto también prevé que las entidades locales cumplan con unos mínimos de inversión en accesibilidad. En este caso, deberán destinar un 15% de su gasto de inversión en reposición de su presupuesto anual a accesibilidad o, en cualquier caso, un 4% de todos los gastos de inversión.

Esta medida en concreto entrará en vigor en el año 2024, por lo que no se aplicará a los presupuestos de 2023, excepto que las administraciones públicas quieran hacerla efectiva antes.

La consellera de Igualdad ha explicado que esta era una de las demandas que planteaba el sector, que ha reclamado en varias ocasiones "transparencia" respecto a las cuantías que las instituciones públicas destinan anualmente a la accesibilidad.

Espacios naturales

Otra novedad importante se verá en los espacios naturales de las islas. En un plazo de tres años, todos deberán tener por lo menos un 10% de su itinerario accesible.

Esta medida también afecta a las fincas públicas, que también deberán tener un 10% de sus espacios accesibles, en este caso en un plazo de diez años. Sin embargo, según Garrido, el Ejecutivo autonómico ya cumple con esta norma en casi todas sus fincas, por lo que durante este periodo alcanzarán porcentajes mayores.

Comunicaciones oficiales: edición 'Lectura fácil'

Por otro lado, el decreto también establece la obligación de las administraciones públicas a garantizar y promover la edición en formato 'Lectura fácil' de las informaciones y comunicaciones que tengan un mayor interés.

Así, en un plazo de tres años, las instituciones se verán obligadas a facilitar estos textos en cualquier tipo de publicación, aunque afectará especialmente a las que se publiquen en línea.

Creación de la Oficina Autonómica de Accesibilidad Universal

Asimismo, el Govern creará la Oficina Autonómica de Accesibilidad Universal de Baleares. Este organismo, muy reclamado por las entidades del tercer sector, será el encargado de vigilar que las administraciones cumplen con las medidas del decreto.

Como tal, tendrá la capacidad de imponer sanciones en caso de que fuera necesario, aunque este no será su "objetivo principal", ha aclarado Garrido, sino que se dedicará principalmente a informar y difundir comunicaciones a las entidades locales sobre accesibilidad.

El Govern se ha dado un plazo de seis meses para crear esta oficina de la mano del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi). Garrido ha asegurado que se pondrá en marcha lo antes posible.

De la misma manera, el decreto plantea instaurar oficinas de promoción de accesibilidad universal en los cuatro consells insulares y en el ayuntamiento de Palma, así como la creación del Consell para la Accesibilidad, que según la consellera será una realidad en breves y se tendrá que reunir como mínimo una vez al año.