Las tensiones entre Més per Mallorca y el PSIB-PSOE, por la exoneración del requisito de catalán en el proceso de estabilización de médicos y enfermeras, ha desembocado esta mañana en un crisis de calado entre los dos socios de Govern. Hoy concluye el plazo para presentarse al proceso de estabilización y Més exige que se subsane y se incluya el catalán en la convocatoria de los sanitarios con la inclusión de la moratoria de dos años para acreditar el B1 de catalán y así preservar los derechos de los pacientes a expresarse en su lengua. Esta tarde PSIB y Més se sentarán a negociar para resolver la crisis que se ha desencadenado con este tema y que los nacionalistas no piensan ceder.

En caso de que no se produzca esta modificación, fuentes de Més no descartan tomar medidas contundentes. Estas medidas, según ha podido saber este periódico, pasarían por la dimisión de los cargos que tiene la formación y que gestionan la política lingüística del Govern. Es el caso de la Secretaria Autonómica de Universitat, Recerca i Política Lingüística, que está al frente Miquel Àngel Sureda; y en concreto de la Dirección General de Política Lingüística que dirige Beatriu Defior. Ambos son cargos de Més en la conselleria de Fondos Europeos que está en manos del PSIB.

Después del anuncio de la Obra Cultural Balear (OCB) y del Sindicato Stei de impugnar el proceso de estabilización por esta exoneración a los sanitarios, numerosos dirigentes de Més, como es el caso de los exvicepresidentes Pere Sampol y Biel Barceló, o el propio secretario autonómico Miquel Àngel Sureda se han pronunciado en contra del proceso de estabilización de los funcionarios que perdona el catalán a médicos y enfermeras y apoyando a la OCB.

Fuentes del PSIB indicaron que las conversaciones por este cuestión vienen de hace semanas y apuntaron que el decreto que establece una moratoria de dos años para acreditar el requisito de catalán fue tumbado por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Asimismo indicaron que la propia Ley de Normalización permite exonerar el requisito de catalán en aquellas categorías profesionales donde exista un déficit, como es el caso de médicos y enfermeras.