En 2018 la instrucción del caso Cursach alcanzó una dimensión nacional cuando el juez Miquel Florit ordenó requisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas de Diario de Mallorca y de Europa Press para descubrir el origen de una filtración sobre la trama. Aquella actuación fue ampliamente contestada por la profesión, acabó con el propio Florit en el banquillo y convenció a muchos de la necesidad de aprobar una ley que regulara —y blindara— el secreto profesional de los periodistas, evitando así que otro juez pudiera actuar de la misma forma en el futuro.

Sin embargo, la tramitación del texto se ha encontrado con la oposición del PP, según informó ayer El País. Aparentemente, el problema que plantea la formación conservadora es más de forma que de fondo sobre un texto de solo siete artículos que configura el secreto profesional como «un derecho y un deber».

El pasado 14 de diciembre el PSOE presentó el texto como enmienda al proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción. La Mesa del Congreso decidió desglosar el apartado relativo al secreto profesional de los periodistas y tramitarlo como proyecto de ley separado. Sin embargo, el PP ha pedido que no sea admitido a trámite con el argumento de que no fue aprobado por unanimidad, como es habitual en estos procedimientos.

En la redacción del texto han trabajado sindicatos y diversas asociaciones de periodistas. El secreto profesional de los periodistas ya está previsto en el artículo 20 de la Constitución, pero durante cuatro décadas no se ha abordado su desarrollo legislativo.

Hasta que la actuación del juez Florit impuso la necesidad de blindar una figura fundamental para los periodistas con una ley que en su primer artículo establece que «ningún periodista será perseguido por proteger la identidad de sus fuentes». Asimismo, define qué es un periodista y un medio de comunicación, excluyendo del colectivo a influencers y youtubers.

Máximo consenso

Los promotores de este proyecto legislativo han buscado el máximo consenso posible y se han reunido con todos los partidos políticos. Excepto con Vox por su acreditado rechazo a la libertad de prensa y su política de vetos hacia determinados medios de comunicación.

Hay consenso en que la ley del secreto profesional es una paso adelante en el ámbito de la libertad de información, aunque tal como recuerda El País el texto también fija los límites del secreto estableciendo dos salvedades en las que esta figura no amparará al informado: «Cuando se constate fehacientemente que la fuente ha falseado conscientemente la información»; y «cuando la revelación de la fuente sea el único medio para evitar un daño grave e inminente a la vida, la integridad física o la seguridad de las personas».