Més per Mallorca ya apunta hacia las elecciones de 2023. Una de las grandes propuestas de su programa electoral será la eliminación de todos los usos residenciales y turísticos en suelo rústico. Esto supone la prohibición para construir en suelo rústico con el objetivo de enfocar todas las viviendas exclusivamente a suelo urbano. La formación recuerda que esto ya sucede en Menorca y debe implantarse cuanto antes en Mallorca. Pese a ello, los ecosoberanistas incluyen una exención: solo se podrán edificar viviendas de protección oficial.
En esta línea, denuncian el gran consumo de territorio que se ha producido en los últimos años, sobre todo en la costa de la isla, por lo que el candidato al Consell, Jaume Alzamora, afirma que se deben llevar a cabo actuaciones enfocadas a hacer frente a las previsiones de crecimiento desmedido de población. Según el Instituto Nacional de Estadística, la previsión es que haya un crecimiento absoluto de 306.142 personas en Balears entre 2022 y 2037. Por ello, apuesta por una nueva revisión del plan territorial porque «no podemos trasladar la presión de los últimos años en la costa al suelo rústico».
Hace tan solo unos días el Govern aprobó que los ayuntamientos no podrán autorizar nuevas urbanizaciones si cuentan con suelo urbano sin construir. Con esta medida se pretende evitar crecimientos expansivos de grandes chalets cuando en los cascos urbanos hay solares sin construir o edificios sin rehabilitar. En la negociación, Més proponía medidas más contundentes para limitar de forma más efectiva la expansión de la construcción en suelo rústico, pero los socios las descartaron.
Por otro lado, el coordinador general, Lluís Apesteguia, denuncia que la actividad constructiva que está teniendo lugar en las islas «no está sirviendo para que la mayoría social pueda acceder a una vivienda» y, por tanto, se deben tomar medidas más contundentes. Además, exigirán al PSOE que de «máxima prioridad» a la ley de vivienda, que sigue atascada en el Congreso de los Diputados: «Reclamamos que se tramite con carácter de urgencia para poner limitaciones de precios». En este caso, la intención es que los municipios sean quienes tengan la última palabra porque «conocen mejor las necesidades» de los residentes.
Por último, reclamarán la transferencia de competencias en movilidad del Govern al Consell porque «somos el único consell que no las tiene transferidas» con el objetivo de favorecer el transporte público y reducir el peso del coche privado.
Dardo a la conselleria de Salud
Apesteguia reconoce que ha habido «exoneraciones excesivamente generales» en la exigencia del catalán en la sanidad balear y expresa que el catalán sigue siendo un requisito: «En aquellos casos en los que no haya personal suficiente pueden haber excepciones, pero se debe mirar bien cómo se excepcionan estas plazas porque tenemos que garantizar el derecho lingüístico del paciente».
