Pedro Sánchez da en la diana cuando etiqueta como «injustificable» la melé que se vive estos días entre órganos judiciales y cámaras parlamentarias y en la que no se ha visto al Rey ejerciendo su papel constitucional de árbitro para deshacerla. Sin embargo, la descripción del calificativo de hechos inapropiados que hace el presidente del Gobierno difiere, con toda probabilidad, de la que hace del mismo concepto de despropósitos el ciudadano de a pie. El destinatario de la acción de Gobierno y de las garantías que deben asegurarle los tribunales tiene urgencias y necesidades cotidianas preferentes al entendimiento del por qué altas instancias judiciales dan órdenes al Senado sobre resoluciones del Congreso o asumir que dos magistrados puedan pronunciarse sobre su propia recusación. El sentido común dicta resoluciones más claras y prácticas que en el embrollo actual no han sabido fallar ni jueces ni políticos. Se puede desgranar todo un rosario de matices y precisiones técnicas sobra la irrupción interesada y forzada del Tribunal Constitucional en la labor ordinaria de las cámaras parlamentarias pero, con todo, la percepción última, lo verdaderamente preocupante, es que se ha forzado la maquinaria en exceso hasta el punto de debilitar los procesos democráticos y desembocar en una situación de gravedad que, por desgracia, seguirá teniendo repercusiones, por lo menos en cuanto a fragilidad institucional y confianza ciudadana. Que no es poco. Mejor dicho, lo es todo en democracia.
En una cosa coinciden políticos y juristas, el momento es particularmente grave y delicado, pero el grado de responsabilidad que asume cada uno en esta deriva varia según el protagonista. Se ha abusado de los tribunales en varios sentidos. Es una táctica errática que viene arrastrándose desde el Procés.
