La petición de la Fiscalía para que se abra una nueva investigación contra el exjuez Manuel Penvalva, el exfiscal Miguel Subirán y la antigua inspectora de Blanqueo de la Policía considera que hay indicios de que las detenciones e ingresos en prisión de 28 personas pudieron ser «ilegales».
El escrito de conclusiones definitivas del ministerio público reclama al tribunal que deduzca testimonio de lo ocurrido en el juicio ante los indicios de que Penalva, Subirán, la policía «y otras personas» habrían cometido delitos de detención ilegal, prevaricación y coacciones que afectarían tanto a las 24 personas que se sentaron el primer día en el banquillo como a otras cuatro que fueron privadas de libertad durante la instrucción y fueron finalmente exculpadas, como el presidente de Acotur, Pepe Tirado.
Estas actuaciones de Penalva y Subirán habían quedado fuera del proceso ya abierto en el Tribunal Superior de Justicia, que concluyó que debía esperarse al resultado del juicio del caso Cursach pero sí incluyó otros posibles delitos de causas ya archivadas, como las de la ORA o el IME.
El tribunal deberá pronunciarse sobre esta petición en la sentencia. De aceptarla, deberá remitir los testimonios del juicio a un juzgado de instrucción para que analice si existen indicios de delito. Las magistradas también debe decidir si se abren investigaciones contra una veintena de testigos por falso testimonio, a los que tanto la Fiscalía como las defensas acusan de mentir y ocultar datos relevantes en sus comparecencias durante la vista oral.
